Con cierta anticipación este año, las discusiones salariales se encuentran en plena ebullición, habiendo sido factor desencadenante de este anticipo la anunciada intención del gobierno nacional de establecer como techo del 18% a los aumentos para el presente año, tratando así de incorporar el salario al ajuste generalizado que se viene dando sobre todo el conjunto de la economía, lo cual fue rechazado por la mayoría de los gremios, que advierten que la inflación es muy superior a ese límite, para lo cual toman lo ocurrido en 2011, cuando el INDEC oficial determinó según sus estadísticas que el nivel inflacionario de todo ese año había sido de 9,5% cuando todas las consultoras, no sólo privadas sino también las públicas de algunas provincias, fijaron el nivel inflacionario por sobre el 22% en todos los casos. Sin ir demasiado lejos, aquí mismo en Rafaela, la consultora Develar que viene haciendo un relevamiento del alza del costo de vida local, registró 22,8% de inflación para todo el ciclo 2011.

Es por esa razón, que la mayoría de los sindicatos y también sus entes nucleantes, como la CGT y CTA, anticiparon que para la discusión salarial en las paritarias se tomará la inflación "de los supermercados", que se encuentran en el índice aludido, pudiéndose incluso referir un caso oficial como el de nuestra provincia de Santa Fe, donde el propio gobernador Antonio Bonfatti anticipó que para discutir aumentos con los empleados públicos se tendrá en cuenta la inflación del IPEC -ente provincial encargado de esas estadísticas que fijó el 21% para el año pasado- y no la del INDEC.

Sin embargo, además de las razones mencionadas que serán motivo de tironeos y discusiones en la disputa salarial que se viene -donde también las organizaciones patronales que son las que tienen que conceder esos incrementos también dijeron lo suyo, como la Unión Industrial por ejemplo que admite un tope de 15%- se debe incluir el también discutido Impuesto a las Ganancias, que debido a su falta de actualización cada vez alcanza a mayor cantidad de trabajadores, habiéndose convertido en un factor de gran deterioro en los salarios que van al bolsillo de los trabajadores. Es que si no se produce una actualización, elevando las cifras que deben pagar ese impuesto y de tal modo liberando a una enorme cantidad de salarios medios, las discusiones que se vienen incorporarán otro elemento de disputa muy importante, donde el poder de decisión estará en manos del gobierno.

Es que de no ser actualizado el mínimo no imponible, en los sueldos medios, cada 100 pesos de aumento salarial, 22 irán destinados para el pago de ese gravamen, mientras que en los sueldos más altos, la resignación de ingresos al bolsillo será de 30 pesos por cada 100. Cantidades que establecen muy claramente la magnitud creciente que viene teniendo el Impuesto a las Ganancias en el ingreso real de los trabajadores, e incluso también en un sector de los jubilados que cuentan con mayores haberes.

Como en la actualidad la mayoría de los sueldos pagan ese impuesto, es entonces que en las discusiones paritarias que se vienen, adquirirá una trascendencia superlativa, pues los porcentajes en realidad quedarán pendientes de la definición del gobierno sobre esta actualización del mínimo no imponible, ya que de lo contrario, un aumento del 18% como se pretende desde la conducción nacional, no alcanzaría siquiera para afrontar el pago de la aludida imposición impositiva.

De acuerdo con algunos análisis y especulaciones que se hacen sobre el tema, se ofrece el ejemplo de un empleado que gane en la actualidad un sueldo de 10.000 pesos, está teniendo ahora una retención del 8% por Ganancias, mientras que si tuviese un aumento del 25% en 2012 y pasara a ganar 12.500 pesos, la incidencia de Ganancias pasaría a ser del 11%, con lo cual el fisco se estaría quedando con un sueldo y medio del trabajador a lo largo del año.

Lo que se reclama entonces, es que antes de las discusiones de salarios el gobierno resuelva sobre los mínimos del impuesto a las Ganancias, no sólo en ese único sentido, sino también sobre las escalas salariales en que son aplicadas las diferentes alícuotas, que van del 9 al 35 por ciento.

Desde 2003, pese a la inflación, el mínimo no imponible no se ajustó en ese 2003, 2004, 2008 y 2010, y en otros años el ajuste fue inferior al alza del costo de vida, por lo cual su desactualización es muy significativa.