El titular del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a cuatro exdirectores y a un exgerente de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y ordenó el embargo de sus bienes -hasta cubrir 1 millón de pesos cada uno- por encontrarlos responsables de verter en el río Paraná efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento, en un volumen aproximado de 350 millones de litros diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur de esa ciudad, donde se efectuaron descargas de camiones atmosféricos, entre el 18 de septiembre de 2018 y el 15 de octubre del 2021.

De acuerdo a lo informado oficialmente por el Ministerio Público Fiscal en el portal Fiscales.gob.ar, la decisión judicial es la primera por este tipo de hechos dictada en Rosario y fue adoptada en línea con lo requerido por el fiscal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Matías Scilabra, y el fiscal coadyuvante Franco Benetti.

Una denuncia y una causa

La causa inició en 2021, a raíz de una denuncia efectuada por la asociación civil Cuenca Río Paraná por la probable comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de ASSA, a quienes consideraron responsables de conductas reprimidas por la ley N° 24.051, de Residuos peligrosos, o atentado a la salud pública.

La empresa ASSA es la responsable de proveer agua potable, del servicio de desagües cloacales y tratamiento a casi dos millones de personas. En su denuncia, la asociación civil manifestó que la descarga de efluentes líquidos cloacales y/o industriales provenientes del Emisario Sur de la ciudad de Rosario se realizaba en forma deficiente y sin tratamiento alguno al cauce del río Paraná.

Durante las tareas investigativas se determinó que los efluentes consistían en sustancias con valores de coliformes termotolerantes elevados, con presencia de Escherichia coli, lo cual derivó en que fueran considerados residuos peligrosos.

En efecto, el fiscal federal Claudio Kishimoto, [ex fiscal federal de Rafaela] a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, había ordenado peritajes -principalmente a cargo de la Policía Federal Argentina- e informes varios. En diciembre de 2022 solicitó el llamado a indagatoria de los cuatro directivos y del gerente general de ASSA, quienes se encontraban en funciones en ese momento, por considerar que la empresa había contaminado las aguas del río Paraná de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua.

Luego de ese pedido, el juez Vera Barros, declaró la incompetencia del fuero federal para entender en el caso, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en línea con el recurso interpuesto contra esa decisión por la fiscalía, revirtió la decisión del magistrado de primera instancia y confirmó su competencia. En efecto, el tribunal revisor sostuvo que se habría demostrado la efectiva afectación y contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales, lo que determinaría la existencia de pautas necesarias para atribuir competencia al fuero federal.

Tras esta decisión, en junio del 2023 el juez indagó al directorio y al administrador de la empresa, conforme lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, Scilabra y Benetti.