Un reciente informe del Banco Mundial cuyo título en inglés es "Country partnership strategy", que como todos los que no son portadores de buenas noticias enojan al gobierno, fue duramente rebatido en casi todo su contenido, ya que además de advertir sobre la pérdida de reservas, el déficit fiscal, la inflación y el negativo impacto en economía de la pelea con los fondos buitre, los enumera como factores centrales para que el 40% de la población actual de la Argentina se encuentre en riesgo de caer en la pobreza.

Se puntualiza en el informe que hay un sector de la población estimado en el 33% fuertemente vulnerable pues debe vivir con ingresos que oscilan entre 4 y 10 dólares por día, considerándose como altamente probable que en caso de producirse un "shock económico" -como se sospecha puede suceder de no adoptarse las medidas correctivas necesarias que están deteriorando gravemente todo el conjunto de la actividad económica-, no podría evitar caer en situación de pobreza, con lo cual se ampliaría de manera muy importante esa franja de la sociedad. Debajo de ese sector, de acuerdo se informa, hay un 10,9% de la población que debe vivir con 4 dólares diarios, encontrándose por lo tanto en condiciones de extrema pobreza.

El reporte, que es alarmante, sin embargo está elaborado con datos tomados en 2012, motivo por el cual y como desde entonces en adelante la situación se fue deteriorando notablemente, con las estadísticas actualizadas todo sería muchísimo peor.

Este estudio del Banco Mundial fue aprobado en la primera semana de septiembre, cuando el directorio del mismo aprobó créditos por 1.200 millones de dólares para nuestro país, los que se encontraban congelados y que serán destinados para programas de erradicación de la pobreza, durante el período comprendido entre 2015 y 2018.

Este dinero que se irá entregando a razón de unos 300 millones de dólares anuales, en principio estará destinado para financiar escuelas rurales, acceso a salud y agua potable, como así también para el fomento de planes de agronegocios. El congelamiento de estos préstamos se encontraba de esa manera por indicación de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos por no regularizar su deuda nuestro país.

La ubicación de los pobres como "vulnerables" fue para evitar conflictos con las estadísticas oficiales del gobierno, que a fines de 2013 en la última cifra conocida tenía un registro de pobreza de apenas 4,7% de la población, lo que de ninguna manera está ni cerca de los relevamientos tanto de consultores privados como de organizaciones internacionales. De todas maneras, aún hecha la salvedad, igualmente el informe del Banco Mundial cayó bien, siendo fuertemente criticado por voceros oficiales.

Ese posicionamiento fue así aun cuando en este trabajo de 123 páginas el BM señala que "la Argentina ha desarrollado un amplio sistema de protección social que ha ayudado a mitigar el impacto de la crisis global de 2009", aunque luego se agrega que "un mercado empresarial y laboral más debilitado puede tener efectos significativamente adversos en las tasas de pobreza".

Para el BM el riesgo de pasar a ingresar el sector pobre es mucho mayor en aquellos que tienen acceso limitado a infraestructuras básicas, y además ubica los niveles en diferentes escalas según la conformación de los grupos sociales y las regiones a las que pertenecen. Las provincias del norte por caso tienen dos y hasta tres veces tasas de pobreza más altas que el promedio nacional, encontrándose además muy relegadas al resto en cuanto a servicios sociales e infraestructura.

Aunque aquí se rechaza esa posibilidad identificatoria, el BM refiere el ingreso de la Argentina en "un default parcial de deuda", poniéndose énfasis en cuanto al gran riesgo que significa la presente disputa con varios fondos especulativos", todo lo cual significará que si la solución sigue dilatándose, la economía argentina sufrirá una grave daño y más aún frente a la falta de ajuste de las políticas macroeconómicas.

Se consigna también que el gobierno sabe de los riesgos que está afrontando, quedando evidenciado en la devaluación y la corrección tarifaria del gas, agua y energía, aunque se admite que todavía no ha sido suficiente, pues el gasto público ha continuado aumentando, justo en momentos en que disminuyen los recursos.