El paisaje de cientos de precarias carpas diseminadas en un amplio terreno de la localidad bonaerense de Merlo ofrece un frustrante y muy real contraste con una de las máximas de la retórica del kirchnerismo que se conoce como "la década ganada". Así, repentinamente una enorme cantidad de argentinos anónimos que pelean minuto a minuto contra la pobreza se  hizo visible en busca de un lugar donde instalarse, quizás formando parte de una operatoria política y de la acción inescrupulosa de punteros políticos, o tal vez con la decisión de presionar ahora para obtener "algo" en el marco de una campaña electoral. 

El mismo día en que estalló el conflicto en Merlo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner optó por pronunciarse en sus cuentas de redes sociales no sobre este nuevo capítulo de la Argentina pobre sino de los ciudadanos que eligen viajar al exterior por placer o trabajo. "¿No era que no se podía comprar dólares?", expresó la jefa de Estado en tiempos donde el cepo en el mercado cambiario ocupa un espacio central en la agenda de los candidatos y sus equipos económicos, pero sin siquiera asomarse al drama de los pobres de Merlo que emergieron de lo profundo de la miseria a la superficie. 

La pobreza es una problemática en aumento en la Argentina más allá de que el relato ha procurado priorizar las victorias de la gestión de gobierno sin reparar en las derrotas. Al parecer, con la decisión de no medir la pobreza a través del intervenido organismo estadístico del INDEC, el Gobierno ha resuelto por decreto eliminar a la pobreza, con la falsa certeza que si no se releva no existe. 

De todos modos, los registros del Barómetro Social de la Universidad Católica Argentina y otros estudios señalan que el flagelo de la pobreza supera el 25 por ciento, y afirman que al menos 12 millones de compatriotas padecen una vida sin calidad, en el marco de una realidad difícil de aceptar. 

Más allá de que muchas de las familias de Merlo puedan cobrar planes sociales, lo cierto es que con eso ya no alcanza. El Estado no debe limitarse a conceder unos pesos por mes para los más desprotegidos de la sociedad sino que debe acompañarlos en un proceso donde, mediante un sostenido trabajo territorial, garantice la igualdad de oportunidades a través de una buena educación. 

En nuestra sociedad hay temas que incomodan, hay prejuicios difíciles de remover. Que los beneficiarios de planes sociales son vagos y esquivan el trabajo como herramienta de superación personal, de progreso social y forma de satisfacer las necesidades básicas. Y se suele considerar como válido que buscan y se conforman con obtener una pequeña ventaja en los intersticios del Estado que los asiste con un plan social. 

En gran medida, es la sociedad toda la que debe involucrarse en cambiar estas estructuras sociales. En este marco, Merlo representa un nuevo ensayo de la vieja especulación política y de la acción de manual de los punteros políticos que buscan presionar a cambio de un botín. Sin embargo, es posible a partir de una frecuente ausencia del Estado y especulación política orientada a sembrar el pánico y en ese río revuelto que mezcla necesidades reales y ambiciones desmedidas, lograr un rédito.

En este escenario, todos instalan en la escena pública distintas teorías para explicar la génesis del conflicto del asentamiento ilegal en las 60 hectáreas del predio ubicado en Merlo. Se habla del agotamiento de un estilo espúreo de hacer política, de bomba de tiempo, de drogas y de delincuencia, de fin de ciclo y de un nuevo capítulo del balotaje. Todo parece enredarse en el juego político mientras la necesidad habitacional es muy real en este país. 

Si bien la usurpación de tierras debe ser sancionada por la Justicia, es complejo el abordaje del problema y el diseño de una solución cuando hay familias con niños en el medio. No se arregla todo con un desalojo forzado que muchas veces deriva en la violencia condenable desde todo punto de vista. Rafaela ha tenido una experiencia de copamiento de terrenos privados que obligaron al Municipio a desarrollar una paciente negociación y una arquitectura jurídica para superar el obstáculo, pero también es necesario fijar límites a este tipo de acciones en nombre de la ley para impedir que se repliquen en cualquier punto del país y la situación se salga de control.