Desde hace décadas la deuda externa argentina aparece como una sombra para oscurecer el futuro del país porque, a veces con mayor rigor y otras con algo de suavidad, condiciona el crecimiento y limita las posibilidades de desarrollo sustentable del país. A lo largo de su historia más reciente, el ciclo negativo se reitera sin más remedio: en tiempos de recesión se incrementan en gran medida las dificultades para hacer frente a los servicios de la deuda (el pago de intereses) porque el Estado pierde ingresos a partir de la caída de la actividad económica y el menor consumo, a lo que se suma el déficit crónico de las cuentas públicas que obliga a buscar financiamiento. Y no es secreto que cuando un país acredita una conducta irregular en el cumplimiento de sus compromisos, los prestamistas recargan la tasa de interés a modo de resguardarse ante los mayores riesgos de incobrabilidad.
Con los recuerdos aún frescos del default declarado en medio de la debacle del 2001-2002, los temores de que en el 2020 la Argentina encuentre serias dificultades para hacer frente a los vencimientos de la deuda giran en el ambiente más allá de que no todos lo perciben. Quizás porque en la agenda de cada día todos están interesados, básicamente, en llegar a fin de mes tratando de pagar los tarifazos y los elevados costos de los alimentos, que reflejan una inflación superior al promedio (el año pasado el índice de precios al consumidor fue del 48% promedio, pero los alimentos aumentaron más del 60%).
Ante este alarmante panorama, la consultora Ecolatina puso el foco en uno de sus últimos reportes en la relación entre la deuda pública y el Producto Bruto Interno (PBI) a partir de los vaivenes del dólar. En este documento advierte que un salto del dólar complicaría el problema de la deuda pública y que en 2018 casi no aumentó el stock de pasivos públicos pero, en cambio, se disparó el ratio deuda-PBI.
Afirma que a fines de 2015, la economía argentina poseía diversos desequilibrios en varios planos, uno de los cuales era el fiscal. Asimismo, casi el único activo que legó el kirchnerismo en materia económica era el acotado stock de deuda pública relevante (con el sector privado y organismos financieros internacionales). En este contexto, y para corregir desbalances sin recurrir a un recorte acelerado, el actual gobierno optó por un esquema de ajuste gradual financiado con endeudamiento externo. Sin embargo, a mediados del año pasado, dicho plan perdió la confianza y el consecuente apoyo de los inversores. Como resultado, las presiones cambiarias y financieras impulsaron al Poder Ejecutivo a volver al FMI.
En este preocupante escenario, la deuda pública y los rumores acerca de la capacidad de pago del Sector Público Nacional retomaron la primera plana de los diarios, consigna el análisis de Ecolatina. Si bien existen diversas formas de analizar la sostenibilidad de los compromisos, la más usual es el cociente entre la deuda y el PBI: dimensionar el peso del stock de deuda en términos del flujo de producción de un país en un año.
Es necesario, entonces, ver qué pasó con este indicador en 2018 y qué podría pasar este año, para así pensar cómo influyó el acuerdo con el FMI en la salud de la deuda pública. El total de pasivos del Sector Público Nacional pasó de USD 321.000 millones a fines de 2017 a USD 332.000 millones en 2018. De este modo, se observa que los pasivos totales crecieron poco más de USD 10.000 millones el año pasado, lo que implica un avance anual de solo 3%. Sin embargo, apunta el reporte, el ratio deuda-PBI escaló de una manera significativa: este cociente saltó casi 30 puntos porcentuales el año pasado producto de que más del 75% de los pasivos totales están nominados en moneda extranjera.
Mientras que el stock de deuda relevante pasó de USD 165.000 millones en 2017 a más de USD 200.000 millones en 2018, marcando un avance anual de 25%. En igual sentido, agrega Ecolatina, el ratio deuda pública relevante sobre PBI escaló 24 puntos, cerrando 2018 alrededor de 53%.
Dos aspectos positivos a destacar. Por un lado, el objetivo de equilibrio fiscal primario reduce de manera drástica las necesidades de financiamiento operativo del Sector Público de modo que el stock de deuda no debería crecer sustancialmente, y solo a partir de la refinanciación del pago de intereses (en torno a 4 p.p del PBI). Además, resultado del desembolso de alrededor de USD 57.000 millones en dos años por parte del FMI, la liquidez del Tesoro Nacional está cubierta.
Pero también hay un vaso medio vacío: las perspectivas para el ratio deuda-PBI son menos alentadoras. Es que la dinámica de este cálculo es muy sensible a los movimientos del tipo de cambio oficial. Teniendo presente las turbulencias que traerá 2019, el acuerdo con el FMI mejoró liquidez del Tesoro, pero los límites que impuso a las intervenciones en el mercado de cambios podrían, empeorar el ratio deuda-PBI.