La previsibilidad constituye una de las principales virtudes de una economía madura, de un país serio, porque permite planificar a mediano y largo plazo en todos los órdenes de la actividad humana. Un club deportivo, una entidad cultural, un gobierno, un pequeño comercio o una gran industria requieren de reglas de juego claras que permanezcan sin cambios a lo largo de un período de tiempo, lo que redundará en un activo intangible de enorme valor social: la confianza. 

Cuando se construye una casa, una instalación fabril o un edificio gubernamental, se requieren planos para avanzar con certeza en cada etapa. Todo debe estar previsto para que el resultado final respete el proyecto elaborado por los profesionales un tiempo antes, y que al mismo tiempo el presupuesto para financiar la tarea tenga simetría con la inversión final. Así es mejor para que la tranquilidad también sea un patrimonio que juegue a favor del desarrollo de una región, una provincia o un país. 

En la Argentina, planificar es muy complicado porque siempre hay cambios sobre la marcha que obligan a improvisar y olvidar la planificación. Da la sensación que el Gobierno no cuenta ni con un GPS moderno, ni con una brújula antigua pero eficiente y ni siquiera con un mapa desactualizado para resolver el rumbo o cuestiones básicas de organización. No hay plan sino un alarmante "vamos viendo que hacemos" según las adversidades del día. Se trata de ir colocando un parche arriba del otro para ir tirando o como decía aquella vieja frase instalada por una popular canción que dice "lo atamos con alambre". 

Lo que es constante en la Argentina es el estado de crisis, el no saber qué va a pasar mañana, la semana que viene ni el próximo año. Incertidumbre es la sensación que describe al país desde hace décadas. Se cambian los impuestos todo el tiempo, las retenciones al campo, los costos en dólares que pulverizan rentabilidades entre el inicio y el final de una misma campaña agrícola, las cuotas del crédito hipotecario o de los planes de autoahorro. Se congelan tarifas de servicios públicos o de autorizan aumentos desmedidos. Lo primero lo hizo el gobierno que administró el país hasta 2015 y lo segundo el que lo gestionó hasta 2019. Ambos extremos son malos, se requiere equilibrio. El primero frena la inversión y perjudica la calidad del servicio, el segundo golpea sin anestesia el bolsillo de los usuarios. La toma de tierras que crece en varias provincias sin respuesta del Estado es otro ejemplo actual del desgobierno, puesto que ni la Justicia ni los Ejecutivos o Legislativos ofrecen soluciones. En realidad ni siquiera se proponen acciones sino que están paralizados, lo que favorece con tono cómplice a quienes no respetan la ley. 

En un reciente documento, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino da cuenta del Decreto a través del cual el gobierno nacional estableció que las conexiones de internet y la telefonía móvil son servicios públicos esenciales. Con este encuadre legal, el Estado regulará una prestación básica universal y obligatoria y controlará los precios. En simultáneo, se estableció un congelamiento de tarifas de estos servicios más los de televisión por cable hasta diciembre.

En su análisis, la consultora considera que dada la importancia cada vez más estratégica de la conectividad digital es pertinente categorizarla como un servicio esencial para aumentar la calidad y la accesibilidad. Para lograr este objetivo es fundamental tener mucho cuidado en el diseño de las regulaciones y el profesionalismo y transparencia en su aplicación. Distinto es el caso cuando las intervenciones buscan usar las tarifas con fines antiinflacionarios. Un caso paradigmático es la manipulación de las tarifas eléctricas para contener la inflación y aparentar benevolencia con los presupuestos familiares.

Las intervenciones del Estado nacional sobre el servicio de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires  en el período 2003 – 2015 son muy aleccionadoras. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se observa que las tarifas residenciales se ajustaron, en este período, en un 36% lo que implicó una licuación del 86% en términos reales por efecto de la inflación. Los subsidios del Estado nacional a las empresas eléctricas para compensar por este atraso tarifario pasaron de cero a $511 mil millones por año a precios actuales. Los reclamos de los usuarios pasaron de 56 a 1.889 por día.

Estos datos muestran que el atraso tarifario conlleva al deterioro en la calidad de los servicios y a la utilización de fondos públicos para subsidiarlos. La razón es que cuando el Estado impone una tarifa artificialmente baja, las empresas naturalmente tienden a compensar recortando el plan de inversiones lo que deteriora la calidad del servicio aumentando los reclamos y las presiones por subsidios. Los subsidios no resuelven el problema. Lo que nos lleva al principio, sobre la necesidad de contar con un país previsible que brinde confianza y aleje la incertidumbre.