BUENOS AIRES, 6 (NA). - La AFIP reglamentó ayer los alcances del Aporte Solidario y Extraordinario destinado a "ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", y aquellos alcanzados por tener patrimonios superiores a 200 millones de pesos tendrán hasta el 30 de marzo próximo para presentar la declaración jurada y concretar el pago del también denominado impuesto a la riqueza.

La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, firmó la resolución general con las definiciones sobre el Aporte Solidario y Extraordinario, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial.

El aporte alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior.

También a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de 200 millones de pesos.

La fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, el 18 de diciembre de 2020.

El decreto reglamentario instruye a la AFIP a implementar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del aporte a través de variaciones patrimoniales.

Con ese fin, el organismo incorporó un régimen informativo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un "ardid evasivo" o destinado a eludir el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.

Aquellos que estén alcanzados y, en su caso, los responsables sustitutos, deben presentar una declaración jurada informativa en la que incluirán los bienes de los que eran titulares al 20 de marzo de 2020.

La resolución general dispone que el régimen de información también deberá ser cumplido por sujetos no alcanzados por el aporte cuyos bienes, valuados al 31 de diciembre de 2019, alcanzaban una suma igual o superior a 130 millones de pesos, y por aquellos cuyos bienes valuados al 31 de diciembre de 2018 alcanzaban una suma igual o superior a 80 millones.

La normativa también detalla los términos y condiciones para la repatriación del 30% de los activos financieros situados en el exterior, que permite a quienes lo hagan aplicar el método de cálculo del aporte correspondiente a aquellos que sólo poseen bienes en el país.