Una certeza que está fuera de discusión gira en torno a la elevada presión fiscal que existe en la Argentina y a la voracidad de los distintos niveles de Estado para apropiarse de la renta del sector privado, sea un profesional, un autónomo un pequeño o un gran empresario. Claro, si los gobiernos de todos los signos políticos gastan más de lo que logran recaudar, entonces les resulta más fácil y cómodo crear impuestos que recortar gastos. Así tenemos a un diputado o senador, en el Congreso de la Nación o en la Legislatura santafesina, que emplea a decenas de colaboradores que en algunos casos no tienen funciones que cumplir, pero que cada fin de mes cobran salarios que son solventados con el dinero de los contribuyentes. Así no hay país que aguante.
El gasto de la política incluye la corrupción, ya probada en la esfera judicial, con condenas firmes en plena ejecución pero también con causas avanzadas que aún faltan cerrar con fallos que castiguen a quienes se enriquecieron con los fondos públicos.
El experto tributarista César Litvin advirtió en una reciente entrevista con la radio cordobesa Cadena 3 que la Argentina tiene una carga exorbitante de tributos que implica que la riqueza pase del sector privado al sector público y que en este marco ya no hay tolerancia en la sociedad para pagar nuevos impuestos. Es que actualmente coexisten cerca de 170 tributos considerando los que cobran los municipios, las provincias y la Nación. El especialista subrayó que en general los sistemas tributarios del mundo prefieren bajar las cargas en busca de ganar competitividad para atraer inversiones.
Entonces se plantea la disyuntiva de un círculo vicioso o de un círculo virtuoso. En el primero se encuentra nuestro país, con una matriz impositiva muy alta que no logran reducir la marginalidad sino que, todo lo contrario, solo espantan a los inversores. Afirma, Litvin, que si se ahuyentan inversiones cae el empleo, entonces se produce más pobreza y se requiere aumentar el gasto social que hace el Estado, que ante la falta de recursos inventa nuevos impuestos. Esta es la historia de nunca acabar de la Argentina.
En este escenario, y ante el conflicto iniciado entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de transferencias, la consultora IDESA propuso sancionar una nueva ley de coparticipación y devolver potestades tributarias a las provincias. Incluso, planteó la posibilidad de impulsar para las zonas más rezagadas del norte, un fondo de convergencia a fin de acelerar su desarrollo social.
Frente a la puja entre el Gobierno nacional y la administración porteña, IDESA sostuvo que en lugar de persistir con esta decadencia sería mejor abordar una descentralización de potestades tributarias hacia las provincias y los municipios. Cada jurisdicción debe financiarse con sus propios impuestos y rendir cuentas a la sociedad por los servicios que otorgue a cambio de dichos impuestos, propuso.
En su informe, consideró que dada las fuertes disparidades regionales, sería pertinente un fondo de convergencia en el que las provincias más ricas financien, con plazo definido, el desarrollo de las zonas más atrasadas del norte del país. La entidad advirtió que reglas de distribución oscuras y discrecionales son inevitables mientras se mantenga esta desproporcionada centralización de recursos a nivel nacional.
Sobre la disputa Nación-CABA, indicó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibía históricamente el 1,4% de la coparticipación federal de impuestos. Recordó que en enero del 2016, Nación y CABA firman un convenio de transferencia de la Policía Federal a la jurisdicción de CABA. El convenio fue aprobado por la Legislatura de CABA pero no por el Congreso nacional, señaló. Por decreto nacional se subió la coparticipación a CABA de 1,4% a 3,75% y con la firma del Consenso Fiscal 2017 esta participación se redujo a 3,5% a los fines de adecuar el porcentaje a los cambios impositivos dispuestos en ese acuerdo. En este marco, remarcó que el actual gobierno aduce que este porcentaje de coparticipación excede al gasto de la policía transferida. Por ello, en setiembre de 2020 reduce por decreto el porcentaje a 2,32% y con el remanente financia el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Así, el informe indica que el gobierno nacional promovió la sanción de una ley -concretada el último jueves- por la cual la coparticipación de CABA vuelve a ser de 1,4% y el Tesoro nacional le transferirá $24,5 mil millones anuales actualizables para sostener a la policía transferida. Para IDESA, el monto fijado en la ley impulsada por el gobierno nacional no alcanzaría para cubrir estos costos. Al mismo tiempo, afirmó que si el tema se hubiese manejado desde un principio con más transparencia y seriedad, es probable que el conflicto se hubiera evitado. Pero la política y la grieta impiden los consensos.