Al menos por las declaraciones de los principales dirigentes políticos, el aumento de impuestos reemplazará a la discusión de una reforma tributaria integral. La crisis laboral en el sector frigorífico se profundiza. El regreso de los telegramas masivos no encuentra en estos días la respuesta política y social que disparó durante 2009.

La "sintonía fina" desembarca en las provincias y despliega en el territorio los conflictos y las posibilidades nacidas del choque entre el ajuste económico y su lógica de instrumentación.

Mientras en Catamarca, el federalismo empieza por la represión de la protesta social en defensa de la férrea alianza articulada entre la minería y el gobierno nacional, en Santa Fe la tensión crece por el lado de una renovada presión sobre el empleo y los ingresos de los trabajadores y la contracción del gasto derivada de una situación comprometida de las finanzas provinciales.

La reaparición del proyecto de reforma tributaria en la provincia es una muestra. Durante el gobierno de Hermes Binner fue militado como una propuesta de cambio integral orientada a restituir un mínimo de equidad fiscal, eliminando los groseros privilegios que se otorgaron en los 90 a grandes contribuyentes que luego fueron también grandes beneficiarios de la posconvertibilidad.

La férrea defensa que el justicialismo en todas sus versiones hizo de esos sectores aplastó la iniciativa. Subida a la ola de ajustes fiscales y tarifarios que se pusieron en marcha en todos los niveles del Estado luego de las elecciones del año pasado, la discusión vuelve. Pero ahora despojada de su contenido transformador, y focalizada en la suba de impuestos.

Verdad es que hay "sintonía fina" allí. La alícuota de ingresos brutos se aumentó a empresas con un piso de facturación y los proyectados incrementos en el inmobiliario intentan subsanar el desfasaje indefendible y distorsivo entre el valor fiscal y el de mercado.

Queda por ver, de todos modos, el mecanismo con cual se intentará cerrar esa brecha. La provincia cuenta desde los 90 con nuevas bases catastrales sobre las cuales ajustar este valor. En la última modificación, esas actualizaciones se amortiguaron con la creación un coeficiente de incremento. El objetivo fue que la revaluación no impactara en Bienes Personales.

Pese a estos elementos de progresividad, sin discusión integral de reforma, permanecerán las exenciones de las que gozan grandes contribuyentes al pago del principal impuesto de la provincia, que es ingresos brutos. Al menos por las declaraciones, se deduce que la prioridad será asegurarse plata rápida para mejorar la recaudación para poder pagar los salarios y los gastos de funcionamiento del Estado santafesino. Hoy presa de la sequía de fondos pero también de los límites que impone al ajuste de gravámenes la carrera inflacionaria desatada entre los sectores público y privado.

Los aumentos de tarifas y de precios de los bienes fueron registrados en la inflación de 1,9 por ciento que registraron para enero las consultoras privadas a nivel nacional. Es probable que el primer bimestre del año no exhiba números de alivio en la dinámica de precios, pese a la menor actividad económica.

En este contexto se desarrolla el primer round de una ronda de paritarias sobre la que el sistema político descarga la responsabilidad de frenar la inflación. No parece haber fisuras partidarias, en ese sentido. Los salarios y sus instituciones asociadas, como las paritarias, son desplazadas del lugar del ordenador virtuoso del mercado interno y la distribución del ingreso, al lugar problemático de la inflación y la interna de dirigentes gremiales.

En esa línea, la representación política del modelo, plebiscitada en 2011, rescata la apelación "directa" a los trabajadores y renueva votos por la inclusión social, pero convierte en sinónimo de irracionalidad intrasectorial la pelea por la distribución del ingreso.

Ese desplazamiento suena una y otra vez desde los atriles de la Casa Rosada pero encarna en la estrategia del gobierno provincial para hacer frente a la creciente presión sobre el empleo en la región con la que arrancó 2012.

La crisis laboral en el sector frigorífico se profundiza. La estrategia de ganar tiempo y alentar retiros voluntarios disfraza el conflicto pero significa un retroceso en la concepción política del Estado santafesino respecto de la defensa del trabajo. El regreso de los telegramas masivos no encuentra en estos días la respuesta política y social que disparó en 2009.

Es lo que leer, quizás, los propietarios de Naranpol, que renovaron su ofensiva para desalojar de sus fábricas a los trabajadores que la ocupan en defensa de sus puestos de trabajo como consecuencia de un conflicto iniciado cuando la empresa se presentó en concurso preventivo y pretendió reducir los sueldos al nivel del salario mínimo. En algún sector de la clase empresarial y política santafesina se entiende que la política antisindical paga. En esa inteligencia, presionan a los poderes públicos para "defender el derecho de propiedad".

Los conflictos laborales que se instalaron desde fines del año pasado en la región no son casos aislados. Son terrenos en los que se está probando la nueva doctrina de la "sintonía fina". Están en juego puestos de trabajo e ingresos de los trabajadores pero también la sobrevivencia de una institucionalidad cimentada entre la crisis de 2001 y la cristalización del modelo en 2011, basada en el empleo como ordenador de la economía y la política. El programa de la "relación directa" entre el gobernante lleno de votos y los ciudadanos sueña con el desgaste de las mediaciones y desafíos que presentan las organizaciones sociales.