La inseguridad es el más preocupante de los temas que tienen los argentinos, en lo cual no existen diferenciaciones ideológicas ni territoriales. También aquí en la provincia de Santa Fe sucede lo mismo, y con una intensidad muy especial debido a las gravísimas consecuencias derivadas por el narcotráfico con epicentro en la ciudad de Rosario. Todo lo cual ha generado una sucesión de innovaciones en la estructura de la policía provincial, que muy pronto alcanzarán una de sus instancias más sobresalientes, cuando se disponga una mayor participación de las autoridades municipales en la política de seguridad, a través de la designación de jefes policiales en cada una de las 51 ciudades de la provincia, lo cual le adjudicará un claro impacto político.

Este importante cambio que está cercano a implementarse, consistirá en la designación de 5 jefes policiales territoriales, uno por nada Nodo Regional, los que tienen sede en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, los cuales reemplazarán a los 19 jefes de Unidades Regionales como rige hasta ahora, a la vez que también serán eliminados los cargos de jefe y subjefe de la Provincia.

Para acudir a un ejemplo práctico muy concreto, el jefe policial ya no será el de la Unidad Regional V sino el que esté al frente del Nodo, cuya jurisdicción es sobre los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio. 

Como cada ciudad tendrá su propio jefe policial, en el caso de nuestro Departamento, los habrá en Rafaela, Sunchales y Frontera. El objetivo buscado con este importante cambio en la conformación de la estructura policial es la eficiencia en el uso de los recursos disponibles en cada distrito, una mayor fluidez en la prestación del servicio y la eliminación de superposiciones funcionales y de reparticiones burocráticas.

Otra de las variantes que debe mencionarse es que el cambio no se producirá bruscamente, sino que durante la primera etapa los jefes designados en cada ciudad -que serán oficiales superiores de la fuerza- convivirán durante un tiempo con el jefe de la Unidad Regional donde las haya, como el caso de nuestra ciudad.

Es un claro intento de establecer una cercanía mayor entre los intendentes y los jefes policiales, buscando la existencia de una planificación conjunta tanto en las tareas preventivas como las operativas. Lo que puede adquirir una trascendencia mayor aquí en Rafaela ya que el municipio cuenta con una fuerza como la Guardia Urbana Rafaela, que desde hace varios años viene realizando una labor que ha merecido el reconocimiento de la población, incluso prestando muy valiosa colaboración con la policía provincial. 

Precisamente, todo ese funcionamiento que puede lograrse entre la Policía y la GUR de manera combinada, además del aporte técnico que puede realizar la fuerza municipal con su Centro de Monitoreo desde el cual se controlan las cámaras de seguridad instaladas en lugares estratégicos del ejido urbano, pueden llegar a alcanzar el ofrecimiento de un servicio muy valioso para proporcionar un más alto índice de seguridad para la población, que hoy se encuentra sumamente preocupada e intranquila por los reiterados episodios delictivos como así también por el avance que tiene la criminalidad.

Algunos otros cambios que también se perfilan, es que mientras hoy las 19 unidades regionales cuentan con similares estructuras, cuando haya jefaturas policiales en cada una de las 51 ciudades, las mismas contarán con equipamiento y recursos acordes a la densidad demográfica de cada una de ellas. Se aspira de tal manera ir eliminando los nudos burocráticos que existen en la actualidad. Y más adelante, cuando ya se encuentre en marcha este nuevo organigrama, también se tiene pensada la eliminación de las áreas de Investigaciones y de Criminalística de cada una de las 19 unidades regionales.

Finalmente, en lo que hace a innovaciones, otra de ellas tiene que ver con el manejo administrativo y de recursos financieros, que no estaría más bajo el control policial sino de áreas civiles.

Si bien todas estas modificaciones en la estructura policial llevan primordialmente los objetivos ya referidos de optimizar el servicio en búsqueda de mejorar fuertemente la seguridad, eliminar instancias burocráticas, relacionar más directamente a la fuerza policial con los municipios para que afronten tareas conjuntas, lo principal es el fuerte impacto político que contienen todos estos cambios.