La percepción que las sociedades tienen de sus instituciones policiales difícilmente se ubique en niveles aceptables. En la provincia de Santa Fe se ha iniciado una nueva etapa en la que se buscan concretar cambios sustanciales en la Policía, que desde hace años parece perder la batalla ante la criminalidad. Los ciudadanos se sienten inseguros y no advierten que los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y la propia policía les brinden las respuestas que necesitan para recuperar la tranquilidad.
El análisis de la problemática es complejo, pero vale la pena rescatar un artículo publicado por Nathalie Alvarado, que además de ser abogada de la Universidad de Lausanne en Suiza es la coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, con más de 15 años de experiencia en el diseño y la implementación de proyectos en esta área. En octubre pasado publicó "Reforma policial en América Latina: Desafíos y oportunidades".
En el documento, advierte que la violencia y el crimen que generan inseguridad en las calles son de los problemas que más preocupan a los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Y, sin embargo, los niveles de confianza en los cuerpos policiales son menores de lo esperado. Según el Latinobarómetro, el 65% de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en la policía.
La experta señala que gastar más no parece ser la respuesta. Porque si bien en la última década los países de la región han aumentado un 34% su gasto en seguridad, los indicadores de seguridad no avanzan tan rápido como se desearía. Mejorar los índices de seguridad depende de muchas cosas, pero una buena reforma policial es sin duda uno de los elementos clave, subraya.
El texto reconoce que algunos cuerpos policiales han sufrido de décadas de rezago que requieren de reformas estructurales importantes con una gran dosis de dignificación policial. Hay una lista de retos a asumir.
El primero es la privatización de los servicios de seguridad. Se estima que en América Latina y el Caribe existen más de 16.000 empresas militares y de seguridad privadas que emplean a 2,4 millones de personas aproximadamente. Los guardias de seguridad privada superan a los miembros de la policía en todo el mundo. Sin embargo, en América Latina la brecha es aún mayor. Este sistema de seguridad “paralelo” (y poco regulado en algunos casos) representa ciertos riesgos y supone un costo adicional para individuos y empresarios. En concreto, las empresas y hogares de la región pagan de su bolsillo entre 0.82% y 1,42% del PIB en protegerse de los criminales.
El segundo está dado por los casos de corrupción policial y la debilidad de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. El 47% de los latinoamericanos considera que la policía es corrupta y 53% afirman que el gobierno no hace suficiente en la lucha contra la corrupción. Identificar a los agentes que cometen los actos de corrupción es imperativo. Sin embargo, de poco sirve apartar a policías del servicio si el sistema no está preparado para modificar el contexto que permitió que esa práctica ilícita ocurriera en primera instancia.
El tercero es la insuficiente gestión del recurso humano. En muchos cuerpos policiales de América Latina y el Caribe, un ciudadano con menos de seis años de escolaridad puede convertirse en agente de seguridad pública. El cuarto es la escasa representación femenina en los cuerpos de seguridad. Si bien las mujeres constituyen el 50,8% de la población latinoamericana, el promedio de participación femenina en los cuerpos policiales es de tan solo del 13%.
En su artículo, Alvarado ofrece lo que define como ingredientes para una reforma policial de éxito. En primer lugar, debe existir una confluencia de voluntades políticas en torno al proceso de modernización. Una reforma integral requiere de un un buen diagnóstico del punto de partida y un plan estratégico que permita medir los avances. Pero eso no es suficiente. Que una idea sea buena es tan importante como que tenga el músculo necesario para salir adelante.
El segundo lugar, capital humano. Es fundamental que los cuerpos policiales cuenten con condiciones laborales saludables y que además promuevan políticas de género inclusivas. También es clave la incorporación de nuevas tecnologías de la información.
La especialista del BID remarca que cualquier proceso de reforma integral requiere que se realice con gran transparencia, para lo que el acompañamiento de cerca de la sociedad civil es crucial. Actualmente, las instituciones de seguridad y justicia disponen de instrumentos para predecir el delito, diseñar estrategias de patrullaje e incluso determinar sentencias. En ese contexto, mantener al ciudadano informado sobre la labor policial es esencial.
A modo de conclusión, Alvarado sostiene que a pesar de que las instituciones policiales tienden a ser rígidas y por ende sus ajustes desafiantes, es fundamental emprender el camino hacia la transformación. Los ciudadanos de América Latina y el Caribe merecen ciudades donde puedan vivir seguros, y la modernización policial es uno de los requisitos para conseguirlo.