Tras las elecciones primarias, el Gobierno nacional decidió rápidamente implementar un conjunto de medidas con la premisa de recomponer aunque sea levemente el alicaído poder de compra del salario. Entre las medidas tomadas por el gobierno para paliar los efectos inflacionarios de la crisis cambiaria se destaca la reducción al 0% de la alícuota del IVA aplicado a ciertos alimentos básicos como aceite, harina, pastas, arroz, conservas, pan, yerba, azúcar, huevos, leche y yogurt. La medida tuvo, en general, alta aceptación, fundamentalmente porque se valora la intención de aliviar la situación de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, una visión diferente manifestó la mayoría de los gobernadores según consignó en su último informe el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El principal argumento es que reducir un impuesto coparticipable como el IVA en las actuales circunstancias pone en riesgo el normal funcionamiento del sector público provincial, que gestiona acciones que también son muy necesarias desde el punto de vista social. El planteo continuó con el pedido de intervención de la Corte Suprema tras la presentación formulada el lunes pasado por las provincias, entre ellas la de Santa Fe. Ante ello, la respuesta de los funcionarios nacionales fue resaltar la poca sensibilidad de los gobernadores ante la necesidad de la gente.

Cabe preguntarse, entonces, si son irreconciliables ambas posiciones. Para echar luz sobre este tema resulta útil analizar la información proveniente de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares del INDEC, que señala que el 30% de los hogares de menores ingresos (pobres) asigna 47% de su ingreso a alimentos, pero compra sólo el 26% de todos los alimentos que se venden en el país. Mientras que el 40% de los hogares de ingresos medios asigna 30% de sus ingresos a alimentos y consume el 38% de los alimentos. Por su parte, el 30% de hogares de mayores ingresos asigna sólo el 20% de sus ingresos a alimentos, pero consume el 36% del total de los alimentos que se consumen.

De este modo, los datos confirman que a menor nivel de ingresos del hogar, mayor es la proporción asignada a comprar alimentos. Pero como la brecha de ingresos es tan alta, quienes más alimentos consumen terminan siendo las familias de altos ingresos aun cuando asignan una menor porción de su presupuesto a este destino. Por eso, asegura Idesa, la mayor parte del esfuerzo fiscal de quitar el IVA a los alimentos es apropiado mayormente por familias de altos ingresos en tanto que a las familias pobres les llega sólo un cuarto de la reducción.

Todo puede ser peor aún considerando que entre las familias pobres es más frecuente la adquisición de alimentos en almacenes que operan “en negro” y que, por lo tanto, no son sensibles al cambio del IVA. En cambio, las familias de altos ingreso son más propensas a comprar en supermercados que son los más presionados por el gobierno a cumplir con la baja de precios asociada a la reducción del impuesto. La misma Encuesta Nacional de Gasto muestra que sólo el 20% de las ventas de los supermercados es a familias pobres, mientras que el 43% es a familias que están en el 30% de los hogares de mayores ingresos.

El desafío es lograr una mayor eficacia con la medida adoptada por el Gobierno, es decir que los beneficiarios sean principalmente quienes menos gana. Según Idesa, un instrumento más eficiente y justo, que además permitiría responder al pedido de los gobernadores, es restablecer la devolución del IVA a las familias pobres cuando pagan con tarjetas de débito. Recuerda que hasta el año pasado se devolvía parte del IVA a jubilados con haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, del plan Progresar y el servicio doméstico. Por eso, con un costo fiscal acotado mucho menor al que tienen las medidas implementadas se podría ampliar el padrón de beneficiarios procurando llegar a todas las familias vulnerables y extender la eximición a todos los alimentos, no solo al acotado listado que dispuso el gobierno. Simplemente apelando a este instrumento, que ya está probado que funciona, se podría lograr mayor impacto social y menor pérdida de recaudación evitando el conflicto con las provincias, subraya el reporte.

Al mismo tiempo, no menos importante son las consecuencias sobre la evasión. La devolución del IVA para las compras con tarjeta contribuye a fomentar la cultura del pago bancario entre las familias más humildes. Tender a eliminar el pago en efectivo, como ya ocurre en algunos países, es una herramienta muy potente para reducir la informalidad. En la misma línea opera la simplificación de los impuestos: aplicar el IVA con una multiplicidad de alícuotas facilita la evasión; además de generar otros efectos distorsivos como la posibilidad de que algunos contribuyentes sistemáticamente tengan saldos a favor. Un caso a tener en cuesta es Chile, que recauda mucho más IVA que Argentina porque tiene un diseño más simple basado en una alícuota más baja, única y de aplicación masiva.