El Ministerio de Educación decidió de manera unilateral, inconsulta e improvisada el cambio de metodología para el otorgamiento de días a los maestros que por enfermedad no puedan asistir a trabajar. Según informaron desde la cartera educativa, a partir del mes en curso aquel docente que se enferme, además de pedir que un médico complete la certificación de la enfermedad y llamar al 0800 que se encuentra en vigencia para estos casos, deberá completar otra planilla on line y pedir otro certificado médico obligatoriamente estampillado. Esto último con un costo a cargo del paciente, algo que no ocurre en otras provincias del país.
En lo que resulta a las claras un intento de burocratización del sistema de salud, el Gobierno pretende poner obstáculos innecesarios a los trabajadores que se encuentren vulnerados por su situación psicofísica. Y lo más dramático aún, es el fin totalmente recaudatorio que impone este sistema a los docentes mediante el cobro de un estampillado ante cada licencia que irá a las arcas de algún sector en detrimento del bolsillo de los educadores.
Hoy cualquier empleado público provincial se encuentra rehén de una obra social a la que no tiene derecho a cambiar, con estudios médicos o análisis que en gran parte no son autorizados y debiendo pagar además plus en casi todas las especialidades. A esto hay que sumarle, en el caso específico de los docentes, que al llamar al 0800 habilitado por el Gobierno nadie atiende y la opción web para licencias tiene un retraso de por lo menos tres semanas en algunos casos. ¿Apriete o ineficiencia? Lo primero se puede interpretar a raíz de los múltiples descuentos que sufren los trabajadores por no poder informar su licencia en tiempo y forma dadas las dificultades que tiene el sistema. Lo segundo está a la vista, lo que no se sabe es si esa ineficiencia es intencional o tiene su origen en los escasos recursos que otorga el Gobierno para infraestructura, equipamiento y recursos humanos. En cualquiera de los dos casos es igualmente grave, ya que estamos hablando que se ve afectado un sector vulnerable como son los enfermos; que además de atravesar un momento difícil deben intentar sortear obstáculos que el propio sistema les impone. Imagínense, por ejemplo, las dificultades para un docente del interior del Departamento que se ve imposibilitado de contar con recursos para trasladarse, que las distancias con las urbes son importantes, que no cuenta con personas que lo asistan o que le dediquen una mañana para hacer todos los trámites. ¿En vez de simplificar la metodología se la complican y además gravan un impuesto a su enfermedad a través de un estampillado que nunca existió en el sector? No se comprende en qué “mente brillante” puede caber semejante idea o cuál fue el propósito que la impulsó. Una cosa es controlar, auditar y otra muy distinta es burocratizar y recaudar.
Pagar órdenes, pagar autorizaciones, pagar recetarios, pagar estudios que no son cubiertos, pagar plus ¿y ahora pagar estampillado? Además, obviamente, de los descuentos mensuales importantes que se realizan desde la obra social estatal. De más está agregar que este nuevo sistema de licencias está siendo implementado de manera improvisada, sin la suficiente información al respecto y sin dar explicaciones a los usuarios que permitan entender los cambios y sus fundamentos. Lo único que se busca es recaudar y burocratizar en medio de la desinformación para que alguien gane, menos los trabajadores.