El Gobierno Nacional recibió ayer con fuerte enojo el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales, por lo que puso en marcha una estrategia judicial combinada para intentar frenarlo. Por un lado, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y por otro avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.

El objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.

Para el Gobierno, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Saben que se trata de una discusión política y advierten que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida. Alberto Fernández enfatizó que el fallo es "un estrago jurídico".

"Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia Por eso la ciudad fue directo a la Corte", argumentó el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.