Con la aprobación de la Ley Bases, que demoró seis meses de incesantes negociaciones y no pocos sinsabores para el oficialismo, la Oficina del Presidente dio por concluida la primera etapa de la gestión, ordenada en el eje temático déficit cero.

Para la segunda parte del año, el Poder Ejecutivo abrirá el abanico con nuevas propuestas polirubro, que incluye por ejemplo la “ley Hojarasca”, tal es el nombre pintoresco con que el inminente ministro de Modernización Federico Sturzenegger bautizó a la iniciativa.

Ésta apunta a barrer con un centenar de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.

En el plano económico también se recorta en el horizonte una nueva ley de Hidrógeno, según reveló el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chrillo.

“Además de tener una norma estructural del RIGI y la iniciativa privada, es posible que presentemos un proyecto de ley de hidrógeno. El mismo será acotado, donde se traten temas vinculados a las normas técnicas, esquemas de certificación, H2 en redes de gas (blending), entre otros puntos”, comentó el funcionario.

La Ley Bases que se aprobó después de haber pasado por una cantidad de filtros dejó afuera las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina.

De estos tres, el Gobierno tiene entre ceja y ceja la privatización de la aerolínea de bandera, al evaluar que es un agujero negro de gasto público y de déficit irrecuperable, además de ser búnker de gremios enquistados.

El diputado nacional del MID Oscar Zago, que es ex titular del bloque libertario, señaló que ya se están preparando proyectos de privatizaciones que se presentarían en los próximos dos meses, y que contarían con el apoyo de los bloques dialoguistas.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también había confirmado que el Gobierno recorrería ese camino en caso de que la Ley Bases no se aprobara con el paquete completo de privatizaciones, que fue lo que ocurrió.

El 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinaria, el presidente Javier Milei había anunciado la intención de avanzar con un conjunto de leyes “anticasta”.

El tratamiento de la Ley Bases consumió todo la energía del oficialismo en el primer semestre, pero la segunda parte del año podría ser el momento para sacar a relucir estas reformas “anticasta”.

Si bien no se conoce la letra chica, en su momento el jefe de Estado había deslizado que se trataría de reformas en el sistema electoral sindical, la eliminación de jubilaciones de privilegio, el fin del financiamiento público de los partidos políticos y la apertura a los capitales privados y el proyecto de “ficha limpia” para evitar que funcionarios condenados puedan volver a presentarse a elecciones.

En el plano de la seguridad pública, la Cámara de Diputados ya inició el tratamiento de una batería de proyectos impulsados por la cartera que preside Patricia Bullrich.

La Ley “antimafias” propone agravar penas por delitos complejos aplicando sentencias de prisión de entre 8 a 20 años de prisión para aquellas personas que integren una organización ilícita.

Asimismo, se prevé que todos los miembros de una organización considerada criminal puedan ser penadas con la pena máxima que corresponda al mayor delito cometido por la organización.

Dentro de este paquete también se encuentran en debate la "Ley de Reiterancia", la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación criminal de delitos sexuales en el ámbito del Ministerio de Seguridad, un actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa.

Por último, una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico. Esta iniciativa también tiene el impulso del ministro de Defensa, Luis Petri.

De la mano con estas iniciativas, el ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, está terminando de pulir un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta reforma del Régimen Penal de Minoridad es respaldado apasionadamente por Patricia Bullrich.

La primera versión de la Ley Bases presentada en diciembre pasado, que contenía más de 600 artículos, entre ellos la obligación para los jueces de utilizar toga negra y martillo, incorporaba entre otros capítulos una ambiciosa reforma electoral, que fue defendida en su momento por el entonces ministro de Interior, Guillermo Francos, ahora empoderado como jefe de Gabinete.

La resistencia de las provincias y de los partidos políticos de la oposición a que ese fuera una tema debatido en el marco de una ley ómnibus hizo que ese fuera el primer capítulo amputado de la redacción de la norma.

La decisión del Poder Ejecutivo es reflotar la reforma electoral, recuperando varios de sus lineamientos originales, como la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única.

Se dejarán de lado los aspectos que habían despertado mayor controversia como la uninominalidad de circunscripción, para no ensuciar la negociación con un tema que igualmente no va a pasar el embudo que planteará la oposición.

Ese sistema innovador, que había sido impulsado con la idea de reemplazar el sistema de representación proporcional de distribución de cargos por D'Hont, generó mucho ruido en diciembre, cuando fue presentado, porque le reducía representación electoral a las provincias con menor densidad poblacional y además afectaba a los partidos minoritarios.

Para que las modificaciones al Código Electoral puedan implementarse en las elecciones del año que viene, la iniciativa tiene que sancionarse en ambas cámaras antes de diciembre, ya que en los años electorales no se pueden implementar reformas electorales con efecto inmediato.

La reforma electoral que tiene en mente el Poder Ejecutivo puede resumirse en los siguientes puntos: eliminación de las PASO, con el argumento de que el Estado no tiene que incidir ni volcar recursos públicos para financiar las internas de los partidos políticos, boleta única y listas abiertas para que los ciudadanos tengan mayor participación en la selección de los candidatos, y bajar la edad de votación a los 13 años, igualando el criterio con la edad de imputabilidad que está proponiendo Cúneo Libarona para los menores que delinquen.

La eliminación de las PASO y la boleta única son temas que reúnen bastante consenso entre las fuerzas políticas del oficialismo y de la oposición dialoguista desde la época del macrismo, pero por una u otra cuestión nunca se pudo avanzar.

Lo que todavía no está claro en esta reforma electoral es si se mantendrá el criterio de paridad de género en la integración de las listas electorales, cuya eliminación estaba presente en la primera Ley Bases.

La correlación de fuerzas dirimirá esta cuestión pero a priori asoma complicado que se pueda avanzar en retirar el cupo de genero teniendo en cuenta que la paridad de generó fue votada transversalmente con el impulso -no de un gobierno peronista- sino del Gobierno de Mauricio Macri en 2017.

La boleta única es innegociable para el Gobierno, que entiende que existe la suficiente base de apoyo para avanzar exitosamente, quedando por resolver si se pasará a un esquema de votación electrónico o se conservará la papeleta como instrumento de votación.

La novedad es que la boleta única que piensa el poder Ejecutivo se complementa con un sistema de listas abiertas, para que el votante pueda hacer uso de su creatividad y combinar candidatos de distintos partidos o incluso cambiar el orden de los candidatos.

Todavía no hay ni siquiera un esbozo de redacción, por lo que este sistema de listas abiertas no tiene aún una silueta definida, pero queda a las claras que la intención es que el ciudadano pueda hacer un popurrí con su voto, un “Elige tu propia aventura” electoral.

La propuesta para bajar la edad de votación a los 13 años parece más una consigna antojadiza que una realidad posible.

Frente a la versión que se dejó correr, varias figuras de la oposición dialoguista le hicieron saber al Gobierno que no están de acuerdo con habilitar el voto a tan corta edad, por más que sea concebido en esta instancia (entre los 13 y los 18) como optativo y voluntario.

El justificativo del Gobierno es que si los menores de edad que delinquen están preparados para ir a la cárcel desde los 13 años, el mismo criterio debe utilizarse con el derecho al voto.

La ampliación del número de ministros de la Corte es un tema recurrente, que atraviesa administraciones de distinto signo político. Ya lo había planteado el Gobierno anterior, que quiso llevarlo a 15 miembros, y había logrado media sanción del Senado. Después el trámite se cajoneó en Diputados.

Ahora el Gobierno de Milei quiere no solamente conseguir que se aprueben los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado, sino seguir agrandando el Tribunal Superior con el espíritu de sumar mujeres y darle a la Corte una impronta más federal. (NA)