La economía argentina está pasando por uno de sus peores momentos. De eso no queda ninguna duda. Pero, en el marco de la campaña electoral, habrá diferentes interpretaciones del por qué se llegó a esta situación. 

Para el Gobierno, esta situación es compleja debido a la pesada herencia de la gestión anterior, dado que dejó una "bomba económica" que le terminó explotando a Mauricio Macri en sus manos. La responsabilidad, entonces, no es suya, sino que le corresponde a no solo la gestión anterior, sino a quien se supone que será su principal contrincante para las próximas elecciones. 

Sin embargo, no es la visión de todos. Para el vicepresidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Ariel Aguilar, al menos, no. Hace algunos días afirmó que la deuda impositiva de las pymes "la generó la propia política económica del Gobierno" y reclamó una "moratoria en serio" para que las empresas puedan pagar.

En declaraciones a NA, Aguilar señaló que en el 2017 "más de 150.000 pymes sufrieron embargos de la AFIP y se calcula que el año pasado ese número creció entre un 20% y un 30%, porque las empresas no pueden pagar los impuestos por la propia crisis que generó el Gobierno".

El dirigente recordó que antes de la crisis del dólar se le pidió a la AFIP y también al Ministerio de Producción (que en ese momento era conducido por Francisco Cabrera) "una moratoria para afrontar la situación, pero no hubo respuesta".

"Queremos que se aplique una verdadera moratoria, la pedimos hace ocho meses, previendo esta situación, y todavía estamos esperando una respuesta", se quejó, tras la decisión del Gobierno subiera hasta 50% las tasas de interés de las deudas impositivas.

"Pedimos una moratoria en serio, con un año de gracia, condonación de intereses, plan de 60 cuotas al 1% mensual, y lo hicimos en junio del año pasado y todavía estamos esperando una respuesta", dijo el vicepresidente de la CGERA.

Aguilar explicó que el plan de facilidades de pago de la AFIP "es inaplicable porque exigen un anticipo del 15% de la deuda, cuando ni siquiera se puede pagar los impuestos y después 48 cuotas con intereses que ya eran altos y ahora los acaban de subir".

Sostuvo que el scoring de la AFIP "tiene la misma perversidad que el nivel de tasas, porque si sos un mal contribuyente te aplican un 15% de intereses, y si sos cumplidor un 10% para regularizar deudas".

"Hay una verdadera burla hacia las pymes, cuando querés aplicar un scoring cuando la economía perdió 10.000 empresas y 120.000 puestos de trabajo y eso es un grado de desconocimiento importante de la realidad que vivimos las pymes", dijo el empresario.

Aguilar, que preside la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero (CIMA) señaló que las empresas "tienen que pagar salarios, los tarifazos, el aumento de la logística, para seguir produciendo y los impuestos, y no es que no los quieran pagar, sino que tienen que elegir que pagar primero para seguir existiendo".

Advirtió que "esta aumentando el número de empresas en convocatoria de acreedores" y señaló que "es perverso pensar que las empresas se están financiando con la AFIP, cuando día a día cierran mas, se pierden puestos de trabajo y los empresarios pasan más tiempo negociando deudas con el organismo" que al frente de sus compañías.

En este sentido, vale la pena mencionar que el presidente del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, presentó hace algunos días un proyecto de ley que declara la "emergencia fiscal" de las PyMEs por un plazo de 180 días, con el objetivo de aliviar la carga de intereses punitorios que le exige la AFIP cuando se atrasan en los pagos de obligaciones tributarias.

Una resolución reciente del Ministerio de Hacienda elevó al 4,5% la tasa por intereses resarcitorios y un 5,6% por punitorios: antes de la medida las tasas eran del 3 y 4%, respectivamente.

La iniciativa de proyecto, que cuenta con las firmas de los senadores Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, propone la suspensión de la resolución ministerial por el lapso de un año.

Además, establece que se suspendan los juicios de ejecución fiscal para el cobro de las obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras; en tanto que dispensa a la AFIP de formular denuncia penal respecto de los delitos respectivos previstos en la ley penal tributaria por el plazo de un año.

De más está decir que estos números macroeconómicos tienen repercusiones a nivel local. No son solamente datos estadísticos: se ven reflejados en historias de vecinos de Rafaela, que diariamente ven como se afectan sus fuentes de trabajo o como se dificulta continuar con las empresas pequeñas o medianas, que han impedido seguir desarrollando las actividades de las empresas. 

En repetidas campañas electorales, los candidatos repiten que hay que potenciar el entramado PyME de nuestro país. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones económicas, nunca se tiene en cuenta esta plataforma electoral y siempre se terminan beneficiando a las grandes empresas, que emplean a menos empleados que las PyME.