En mayo de 2017, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó la ordenanza que, registrada bajo el Nº 4.867, permitió la creación de la Comisión de Desarrollo Urbano que tendría por objetivo "estudiar normativas existentes y/o futuras relacionadas con el urbanismo y la construcción, a fin de realizar propuestas nuevas o de modificación a las mismas". La iniciativa, que había llegado al cuerpo legislativo con la firma del intendente, Luis Castellano, y la secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio en ese entonces, Mariana Nizzo, establecía que la Comisión se integrará con dos representantes del Departamento Ejecutivo; dos representante del Concejo (uno por parte del oficialismo y otro por parte de la oposición), un representante del Colegio de Arquitectos Distrito V Rafaela; un representante de la Asociación Profesionales de la Ingeniería, un representante del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil Distrito I; un representante del Colegio de Técnicos y Maestros Mayores de Obra Distrito I; un representante local de la Asociación de Agrimensores de Santa Fe Distrito Norte y un representante del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región que a su vez sea dirigente de la Cámara de la Construcción o de la Cámara de Inmobiliaria Rafaela.
En el Art. 5, la ordenanza que tras la aprobación legislativa sumó la firma de Silvio Bonafede en su carácter de presidente del Concejo y de Diego Alvarez como secretario del cuerpo legislativo, definió las funciones específicas de la Comisión de Desarrollo Urbano:
• Estudiar normas urbanísticas tomando como base los lineamientos generales que se definan en el marco de un plan de ordenamiento territorial.
• Revisar y proponer modificaciones al Código Urbano y al Reglamento de Edificación.
• Estudiar aquellas disposiciones establecidas en la Ordenanza Tributaria relacionadas con la construcción y el uso del suelo.
• Estudiar todas aquellas disposiciones y normativas existentes relacionadas con el urbanismo y Is construcción, proponiendo modificaciones.
Llamativamente, la Comisión no fue convocada para tratar el proyecto de ordenanza para regular los usos de suelo en un sector de 1.200 hectáreas en el noroeste de la ciudad que presentó la semana pasada el intendente municipal, Luis Castellano, durante un encuentro en el Salón Verde con representantes de diversas instituciones. "La Comisión de Desarrollo Urbano nunca fue convocada para evaluar la iniciativa", dijo un dirigente de la gremial empresaria, algo molesto porque en las 24 carillas de la propuesta no hay ni una sola mención del Centro Comercial e Industrial "a pesar de todo lo que hemos colaborado para que avance este tema".
Con sutileza, la entidad lo hizo saber en su comunicado institucional tras participar de esa presentación. "Los dirigentes empresariales aclararon que, si bien la entidad ha sido partícipe de algunas instancias de diálogo en los últimos años, no formó parte de la elaboración del proyecto en sí, por lo que manifestaron que resultará necesario garantizar un diálogo amplio, que contemple la mirada de todos los sectores productivos involucrados, así como también de todas aquellas entidades que podrán aportar una visión técnico/profesional (arquitectos, ingenieros, agrimensores, etc.)", señaló en lo que una aparente toma de distancia de lo que plantea la iniciativa.
La Comisión de Desarrollo Urbano "será coordinada por un representante del Departamento Ejecutivo Municipal y convocada, como mínimo, a una reunión al mes o cuando la Comisión lo requiera", sostiene la ordenanza de mayo del 2017. Sin embargo, la Comisión está "discontinuada" con escasa actividad.
"Si todas las instituciones que forman parte de la Comisión hubieran participado de una discusión previa, el proyecto que fue enviado al Concejo tendría un consenso mínimo y se hubieran acortado los tiempos. Sin embargo, todo ese recorrido está pendiente y ahora depende de los concejales", señaló el dirigente a este Diario. Cabe recordar que hace un par de meses el CCIRR formalizó su malestar por la falta de avances en determinados temas de la agenda productiva, entre los que mencionó la demora del Ejecutivo en elaborar el proyecto de ordenanza que regula el uso del suelo industrial.
Otro concepto que incorpora el proyecto de ordenanza enviado al Concejo -tendrá entrada formal en la sesión del 3 de agosto- es el de región Gran Rafaela. En su primer considerando, sostiene que "la región Gran Rafaela se encuentra en un momento histórico de consolidación como Polo Metropolitano de Departamento Castellanos, en el marco de la Ley Nº 13532 de la creación de Áreas Metropolitanas que avalan liderazgos regionales".
En tal sentido, en octubre de 2016 se firmó el Convenio Constitutivo del Ente de Coordinación del Área Metropolitana Gran Rafaela junto con 43 autoridades de municipios y comunas del departamento Castellanos. Entre quienes firmaron el documento figuran Miguel Lifschitz, en ese momento gobernador de Santa Fe, y el intendente Castellano. Más allá de esa plataforma de integración regional, el Ente ha tenido muy pocas reuniones en siete años de funcionamiento bajo la titularidad del Municipio de Rafaela, por lo que también llama la atención que se recupere el concepto de Área Metropolitana cuando es una entidad "fantasma".
PRODUCTORES UNIDOS
La Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela fue una de las instituciones que participó de la presentación del proyecto de ordenanza de urbanización del sector noroeste de la ciudad. "Creemos que es uno de los caminos para dar respuesta a la problemática de un área con características topográficas particulares y que requiere de una necesaria articulación entre todos los actores del proceso. En especial en esta instancia el Concejo Municipal tendrá la oportunidad de estudiar acabadamente la propuesta, escuchando a todos los interlocutores referidos, entre los que sin duda estará nuestra institución y sus representados", sostuvo la entidad en un comunicado divulgado el fin de semana.
"Es determinante que cualquier desarrollo urbanístico contemple al entramado rural y, tal cual se destaca y augura, que no prime el simple concepto de corrimiento del campo alejándolo de la ciudad. Para ello debe partirse de una clara escucha y acción sobre lo que el sector tiene por decir y exigir al trabajarse en varios casos sobre tierras productivas y en la mayoría sobre tierras de carácter privado de toda índole", subraya.
Asimismo, consideró que como proyecto que tiene un largo plazo de ejecución "debe beneficiar a todo el distrito de la comarca y área metropolitana incluyendo las tierras rurales y urbanas como así también la interacción con otras localidades". "Es imprescindible dar solución a los problemas de anegamientos pero sin partir del hecho de alejar la dificultad hacia áreas agropecuarias sino darle respuesta de fondo, asegurando que los sistemas hídricos no sean invasivos y que cabalmente sean estudiados por el Concejo, sus asesores, los Colegios de profesionales técnicos y otros especialistas en movimiento y escurrimiento de aguas", remarca.
Finalmente, la Asociación de Productores Unidos expresó que "siempre es de destacar y no olvidar que la urbanidad alguna vez fue campo y toda interacción debe ser estudiada, debatida y consensuada sin limitantes de tiempo sino con razonabilidad y proyección certera hacia el futuro, así lo hacemos en el campo, así confiamos que lo hagan nuestros representantes y la comunidad de la que formamos parte".