Diecinueve provincias, entre ellas Santa Fe, y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos o guías para realizar un aborto cuando hay un peligro para la salud y/o la vida de la persona gestante, o cuando el embarazo es resultado de una violación, causales que fija la ley vigente desde 1921.

Por otra parte, casi 50 países sancionaron o ampliaron leyes sobre el derecho al aborto en el último cuarto de siglo en busca de un marco jurídico que dé herramientas a los Estados para evitar unos 23.000 fallecimientos de mujeres que se registran cada año en todo el mundo por interrupciones voluntarias del embarazo, según cifras de la ONU.