Se podrá decir que Uruguay es un país con menor cantidad de habitantes y de superficie territorial que el nuestro. Desde ese punto de vista, no se pueden realizar comparaciones, porque las cifras son demasiado evidentes.

Tampoco resiste un análisis profundo el orden que impera en una y otra nación, separadas por el Río de la Plata.

Seguramente, hay situaciones que se controlan, evidentemente, con una mayor facilidad, en el vecino país que en el nuestro, como, por ejemplo, todos los números relacionados con la economía.

No es casualidad que Uruguay haya entregado, a través del Poder Ejecutivo al Legislativo, el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, una condición imprescindible de todo Gobierno.

Antes de salir a la luz el contenido, surgieron algunos cuestionamientos, que se fueron atenuando en la misma medida que se conocieron todos los ítems que contiene ese instrumento legal.

Hoy, con el texto y los informes a la vista es posible opinar con fundamento y el pueblo uruguayo se encuentra ante una iniciativa que tiene ribetes que bien pueden ser considerados revolucionarios.

Lo primero que merece destacarse es que se trata de un Presupuesto que ha sido pensado en la gente y no en los organismos del Estado, como suele ocurrir en casi todos los países de la región.

El pueblo se acostumbró con el paso del tiempo a escuchar que tal organismo necesita determinada cantidad de recursos o tal ministerio un incremento de un cierto porcentaje, como si tuvieran vida propia y no existiera otra lógica posible.

El actual proyecto de Presupuesto Nacional viene a modificar esa constante. El foco está puesto en las necesidades de la gente y no en las de las dependencias públicas.

Hoy, ya no corre que el presupuesto de todo organismo estatal siempre tiene que ser creciente, sin la posibilidad de revisarlo ni de cuestionarlo.

Vale decir, lo que sería un completo absurdo en cualquier ámbito de la vida, que siempre haya que gastar más recursos sin saber cómo se gastó lo anterior, qué resultado o qué razón de ser tiene la norma, en la administración pública. El proyecto de Presupuesto Nacional presentado rompe esa lógica perversa.

Cada organismo tuvo la oportunidad de revisar su propio presupuesto, analizar cuáles son los aspectos prioritarios, qué programas son los más eficientes y cuáles no funcionaban.

Por otro lado, queda claro que la presión fiscal vino aumentando en forma importante en los últimos años, asfixiando al sector privado y con claras consecuencias sobre la inversión privada y el empleo.

En el vecino país se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años. Por eso es esencial el cambio de enfoque propuesto, pensando en los uruguayos de carne y hueso que caminan por las calles y no en entelequias burocráticas que solo saben pedir más recursos aunque no sepan para qué.

Los críticos parece que fueran extraterrestres y no quienes gobernaron el país en los últimos tres lustros, dejando el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años y la deuda pública más importante de la historia.

Dado el elevadísimo déficit fiscal con que culminó el anterior gobierno, de casi un 5 por ciento del PIB, muy lejano de la tendencia a la baja que prometieron cuando asumieron, deberían tener el mínimo pudor de no criticar de manera torpe a quienes están intentando arreglar el problema que heredaron.

El gobierno se encontraba ante una disyuntiva de hierro, dado que el déficit fiscal y la trayectoria de la deuda eran absolutamente insostenibles. No había opciones para el país, ya que se debían subir impuestos o bajar el gasto (o una combinación de ambas opciones).

Con determinación y honrando los compromisos asumidos frente al electorado, el gobierno decidió ir por el lado de la disminución del gasto.

En los artículos de la ley existen muchas iniciativas interesantes, pero importa un análisis de foco en lo fundamental y es que el gobierno pensó en la gente, gobierna para ella y no responde a los grupos de presión.

Es evidente que en la actual coyuntura, Uruguay no soporta más impuestos. En la actual situación de pandemia, con muchísimas empresas y trabajadores en problemas, es notorio que sería todavía peor subir los impuestos, porque dificultaría las posibilidades de recuperación.

Era inevitable, entonces, ir por el lado de la baja del gasto público, ya que era la alternativa más lógica. Ignorar la realidad de los números proponiendo una renta básica universal que es impagable, solo respondería  a una lucha demagógica de la izquierda por ver quién es el más populista.

El gobierno pensó en la gente, gobierna para la gente y no responde a las lógicas de los grupos de presión estatales que siempre lograban chupar más recursos de la sociedad sin rendir cuentas ni medir resultados.