En varios países de la región la prensa se encuentra comprometida seriamente para cumplir libremente su desempeño, registrándose las situaciones más duras en Venezuela, Ecuador y Bolivia. El panorama es realmente desalentador en esos tres países, donde los avances sobre los medios son en todos los planos, tanto el judicial como el económico, pero también en la acción directa, es decir, con toda clase de avasallamientos.
En el país bolivariano de Hugo Chávez fue donde se originó este germen que luego ha proliferado en otros países, sostenido a través de un avance con mucho de autoritarismo, llegándose a la aplicación de fuertes sanciones económicas, persecución a directores de medios y periodistas, en todos los casos buscándose eliminar toda la prensa crítica de las acciones gubernamentales. Hubo cierre de varios medios de los de mayor penetración nacional, y en casos en que no se pudo conseguirlo por las vías del propio Estado, entonces ocurrieron ataques a talleres de diarios y estudios de emisoras y televisoras.
Algo que viene ocurriendo en Venezuela desde hace una década, y que en los últimos tiempos alcanzó su mayor profundización, existiendo también allí una ley de medios, que sirvió precisamente para defender a los oficialistas de propaganda, crear cientos de pequeñas emisoras por todo el país, y defenestrar y perseguir a los medios críticos. El presidente de ese país, fue justamente quien aquí en la Argentina recibió una distinción por su lucha en favor de la libertad de prensa, otorgada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Plata.
Ecuador, donde es presidente Rafael Correa también tiene lugar una enorme embestida contra los medios opositores al gobierno, contándose con un sistema judicial cómplice que aplica sanciones económicas que exceden todo límite de razonabilidad, y que hacen imposible su pago y por lo tanto la continuidad de los medios apuntados. Uno de ellos fue multado en 40 millones de dólares y en otro caso, un director y dos periodistas, en 10 millones de dólares.
Por lo que consideran una verdadera persecución, medios y periodistas ecuatorianos denunciaron a Correa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la intención que el tema adquiera trascendencia y relevancia internacional, poniendo al descubierto cual es la realidad que se vive en Ecuador.
Desde que asumió Evo Morales en Bolivia, en su consigna "contra el imperialismo y sus agentes locales", se mantiene un avance contra los medios de comunicación privados para limitarlos en sus acciones, o directamente eliminarlos como críticos. Para esto último hubo compras por parte del Grupo Prisa venezolano, llegando a desmontar el diario La Razón, y simultáneamente se fueron creando 600 radios rurales, todas ellas de propaganda. En tanto el propio Morales humilló reiteradamente en forma pública a los periodistas independientes, pero además, se constataron 123 agresiones físicas a periodistas, 8 ataques con bombas a propiedades de los medios, 20 casos de periodistas retenidos como rehenes y un asesinato. El gobierno tiene vía libre para la intervención de los teléfonos, con lo cual realiza un tenaz seguimiento de los periodistas opositores, y además no renueva las licencias a medida que van caducando.
Casos en contrario, que son la otra cara de la moneda, lo constituyen Brasil y Uruguay, entre otros. En este último, su presidente José Mujica, consultado respecto a todas estas leyes de medios que están proliferando en Latinoamérica, como los tres países citados y también la Argentina -apareciendo en un plano inclinado hacia estas posiciones extremas-, expresó en forma contundente que "la mejor ley de medios es la que no existe", mientras que por su parte la presidenta brasileña Dilma Rousseff se expresó de manera similar en ese mismo sentido, habiendo rechazado fuertemente una propuesta del Partido de los Trabajadores para regular a los medios, apelando a la remanida excusa de "la democratización" de los mismos, cuando en realidad el verdadero objetivo es poder controlarlos y transformarlos en medios de propagando en lugar de información y opinión como le corresponde a la prensa libre dentro de un sistema democrático.
El Partido de los Trabajadores le había reclamado a la presidente Rousseff "una ley de prensa", cuyos objetivos son los descriptos arriba, pero tuvo un contundente rechazo, sosteniendo que "el mejor control de la prensa es no controlarla".