Un eterno debate que no tiene final se registra en la Argentina en el marco de una economía inflacionaria que coloca arriba del ring a los precios, al salario y la rentabilidad de las empresas que tienen que lidiar con políticas de escaso efecto pero que afecta sus ingresos y en algunos casos pone en riesgo su sustentabilidad. Nada nuevo bajo el cielo de este país pero que con matices renueva las tensiones. El pecado original es la imposibilidad e incapacidad demostrada por los gobiernos, el actual y los anteriores, para estabilizar la economía y reducir a la mínima expresión a la inflación. 

Esta semana el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de enero próximo la vigencia de los Precios Máximos para 18 categorías de productos, a través de la Resolución 473/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Los Precios Máximos se iniciaron el 19 de marzo último y abarcan valores de alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza. En un principio se retrotrajeron los precios de los artículos al 6 de marzo, pero a mediados de julio pasado se autorizaron aumentos de 2% a 5%; y a principios de octubre se permitieron nuevas subas de entre 2% y 6%.

El programa Precios Máximos incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas. También rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.

La resolución, asimismo, intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización "a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida". Es decir se intima a producir y evitar desabastecer el mercado.

Pero a esta movida ajedrecística del Gobierno le siguió un coro de reproches de empresas y de entidades que agrupan a los sectores fabricantes de alimentos. Como es el caso de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) que se pronunció en total desacuerdo por el congelamiento de precios. La cámara reclamó que se reconsidere la aplicación de una medida inmediata para revertir la situación y evitar el agravamiento de esta crisis sin precedentes. Al respecto, advirtió que el sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria, que actualmente genera de 400 mil puestos de trabajo directo.

Si bien el Gobierno está dispuesto a conceder aumentos de precios cuando los empresarios argumenten la suba de sus costos, generalmente no responden a las expectativas y por tanto no compensan, siempre según la Copal, la caída de la rentabilidad. 

Mientras los precios con mayor o menor ritmo siguen en alza, el otro problema gira en torno a los salarios, muchos planchados en medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes. Está claro que hay sectores más competitivos que otorgan subas salariales que permiten equiparar la inflación, pero muchísimos otros marcan una derrota indigna del salario frente a la inflación. 

En agosto, se registró una suba promedio del 2% en el nivel salarial. Según el INDEC, es resultado en promedio del 2,1% en los sueldos de los trabajadores privados, del 0,8% en los empleados públicos y de 3,7 % en los ingresos de los empleados no registrados. De esta manera, en los primeros ocho meses del año el índice reflejó un alza acumulada del 18,6% en promedio, tres décimas por debajo de la suba de 18,9% que registró la inflación en el mismo período.

Sin embargo, al cotejar los últimos doce meses, los salarios quedaron ocho puntos por debajo de la inflación, debido a que este lapso los sueldos acumularon un avance promedio del 32%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor fue de 40,7%.

Hasta agosto, se habían firmado 23 acuerdos salariales sectoriales que establecieron aumentos salariales para un millón de asalariados privados en relación de dependencia, número que representa un 19% del total del empleo del sector privado, afirmó un informe realizado por el Ministerio de Trabajo. A comienzos de este mes, el Gobierno nacional oficializó el aumento en tres tramos del salario mínimo, vital y móvil, que alcanzará los 21.600 pesos recién en marzo próximo. Pero en septiembre pasado, una familia tipo necesitó contar con ingresos de $47.216 para no caer en la pobreza, según el INDEC. Evidentemente, hay algo que no está funcionando bien.