La magnitud del problema de la inflación supera la capacidad de ministros de economía, presidentes y gestiones varias en la Argentina. Si bien a primera vista pareciera que se trata de un problema del ámbito económico, los analistas no tienen duda alguna que es político. Falta voluntad de los funcionarios de turno para avanzar en las transformaciones necesarias para inmunizar el país del drama que significa el permanente aumento los precios. No resulta difícil concluir que una vez en el poder, los gobernantes buscan la forma de perpetuarse en la función pública, lo cual requiere no avanzar en medidas que puedan ser antipáticas para el electorado que cada dos años debe concurrir a las urnas para votar. 

La inseguridad representa hoy una de las principales preocupaciones de los argentinos, pero también la pandemia del Covid y sus efectos sobre la salud y la actividad económica, lo que incluye la incertidumbre por la crisis de las Pymes y del empleo. Y por supuesto la inflación, que constituye una batalla perdida hasta el momento, porque los precios avanzan a una velocidad mucho mayor a la que se mueve el salario. Conclusión: el poder adquisitivo de los trabajadores retrocede mes a mes más allá del objetivo declarado por los políticos de buscar al menos emparejar el ritmo de aumento de precios y de salarios. 

Ni hablar de la capacidad de compra de las jubilaciones. En este sentido, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, consideró esta semana que el incremento a los jubilados anunciado por el Gobierno y que rige desde marzo es "irrespetuoso", mientras criticó que los dos bonos de 1.500 pesos para los meses de abril y mayo "no sirven para nada" porque representan "50 pesos por día". Las jubilaciones y pensiones aumentaron 8,07% a partir de marzo, de acuerdo con el calendario de pagos de prestaciones previsionales correspondientes a ese mes, abril y mayo. Además, se otorgarán dos bonos de 1.500 pesos cada uno con el fin de "ganarle" a la inflación. El haber jubilatorio mínimo pasará así a 20.572 pesos y el máximo, de 138.430 pesos, según se desprende de la Resolución 49/2021.

En tanto, Semino se quejó de que el Gobierno de Alberto Fernández el año pasado "suspendió la ley de movilidad", al remarcar que "se dieron ajustes por decreto hacia la baja" puesto que los cálculos es que los jubilados perdieron "entre 10 y 15 puntos del poder adquisitivo". Para el funcionario no se trata de un simple problema económico o político sino de una fenomenal crisis humanitaria que afecta a la tercera edad. 

En este marco, todos los alimentos y productos de limpieza y aseo personal tuvieron aumentos superiores a la inflación general en los últimos ocho años en la Ciudad de Buenos Aires, en una muestra del impulso a la baja que representaron los sucesivos congelamientos de tarifas en el número final del Índice de Precios al Consumidor. Los datos aportados por la Dirección General de Estadística y Censos porteña permiten comprobar cómo los precios de los bienes en general, y los alimentos de consumo masivo en particular, tuvieron incrementos mayores a los de la inflación global y hasta llegaron a duplicarla. Si bien el estudio comprende qué ha pasado con los precios en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de matices, el análisis puede proyectarse al resto del país. 

En números, la inflación general en el distrito fue de 1.027,5% entre 2013 y 2020, porcentaje inferior a cualquiera de los 26 productos alimenticios, de limpieza o de higiene personal seleccionados por la DGEyC, con casos extremos como el de las lentejas secas, con 2.029,1%, y el aceite de girasol, con 2.005,9%. De acuerdo con el análisis de diferentes economistas, esa brecha de precios es consecuencia de las sucesivas políticas de control y administración de precios que pusieron el acento en el congelamiento de las tarifas de los servicios, que a pesar de los incrementos en los primeros tres años de la Presidencia de Mauricio Macri tuvieron aumentos menores a los de los alimentos de consumo masivo.

El seguimiento de precios específicos y la inflación general en los últimos ocho años no puede llevarse a cabo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos por dos factores: entre 2007 y 2015 los datos estuvieron sujetos a manipulación y en el primer semestre de 2016 se suspendió la medición a la espera de la terminación de una nueva metodología.