SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ante la situación que está atravesando el concejal Horacio Bertoglio -imputado recientemente en una causa- las concejales Andrea Ochat, María José Ferrero y Luciana Paredes han emitido un comunicado de prensa que reproducimos seguidamente.
Preocupadas por el tratamiento irresponsable y la tergiversación de los hechos que se está haciendo, sobre el accionar que como funcionarias públicas desarrollamos ante la denuncia realizada por un vecino contra el concejal Bertoglio, nos vemos en la necesidad de expresar enfáticamente que todo lo actuado no corresponde de ninguna manera a un ataque político contra nadie, como se intenta hacer creer.
Somos tres concejales sunchalenses de distintas fuerzas políticas y bases ideológicas, pero unidas por principios comunes como la búsqueda de transparencia, el esfuerzo cotidiano y el sentido de justicia.
Por valores, por convicciones, nos encontramos del mismo lado cuando llegó la denuncia contra el actual presidente del Concejo. Estamos convencidas de que toda conducta sospechosa debe ser investigada y -si se prueba-debe ser sancionada.
Con las pruebas a la vista, fuimos mayoría de 3 para aplicar una sanción al concejal Bertoglio. Sin embargo, por ley, es necesaria una mayoría de 4, y los otros dos concejales no nos acompañaron.
Lamentamos tener que decirles a los vecinos que la política sunchalense no alcanzó para sancionar conductas reñidas con la ética pública.
De ninguna manera tomamos decisiones influenciadas ni manejadas por nadie, solos nos motivó nuestra propia convicción de haber tenido enfrente pruebas veraces, y un dictamen profesional fundado que dieron cuenta que uno de los miembros de este Concejo utilizó su cargo público para favorecer sus negocios privados, situación que es sancionada por numerosas normas de nuestro ordenamiento jurídico.
Lejos de cualquier especulación política, no salimos a realizar declaraciones apresuradas ni maliciosas. Nos mantuvimos en silencio hasta que terminó el proceso. Tampoco salimos a denigrar ni maltratar a nadie en los medios durante la campaña política ni con posterioridad a ella, cosa que sí hicieron con nosotras constantemente, en cada oportunidad que se les presentó.
Ahora es la justicia y puntualmente la fiscal que investiga la causa, y no nosotras, quien decide que existen pruebas que hacen pensar que el concejal podría haber cometido un delito, es decir que no solo infringiría las normas administrativas sino también las penales.
Pero en vez de poner el foco en esta situación e informar adecuadamente a la ciudadanía, algunos medios de comunicación eligen seguir dándole lugar a la violencia verbal, al maltrato y al hostigamiento hacia quienes cumplimos nada más ni nada menos que con nuestro deber de funcionarias públicas.
Destacamos que también hubo medios que dieron un tratamiento responsable y objetivo a la situación. A ellos, nuestro reconocimiento.
Sabemos que la mayor parte de la ciudadanía espera otra cosa de sus políticos. Nosotras podemos mirar a la cara a quienes nos votaron y decirles que en esta comunidad hay políticas dispuestas a comprometerse por la verdad y sancionar las conductas que se corren de la ética y de las normas.