Por José Calero

(Especial de NA) 

Cuando tenía todo preparado para anunciar el camino de

expropiación de YPF, casi llevada en andas por los gobernadores,

la presidenta Cristina Fernández decidió pisar el freno, hacer un

análisis más pormenorizado de la situación y recién entonces sí

avanzar sobre la petrolera hispano argentina.

¿Qué pasó? Son múltiples las especulaciones.

Se asegura que la

presidenta consideró que haber hecho un anuncio el jueves, cuando

aún no habían terminado de analizarse todas las consecuencias,

habría sido una jugada carente de ´timming´, algo imperdonable en

política.

La mandataria también habría notado que la resistencia

internacional preparada por España podía dejar a la Argentina aún

más aislada de lo que está ahora en Europa y otros lugares del

mundo.

Y tampoco habría sido de su agrado cierto estilo de algunos

gobernadores, incluso de uno que hasta el año pasado estaba en la

vereda de enfrente y adquirió mucho protagonismo en esta

ofensiva sobre la petrolera, tal vez demasiado para el paladar K.

La jefa de Estado también habría evaluado que, más allá de que

YPF sea privada o estatal, demandará años revertir la fuertes

necesidades de importar, y no quisiera volver a quedar en la

incómoda situación que atraviesa con Aerolíneas Argentinas, un

barril sin fondo de dinero de los contribuyentes que administran

sin suerte sus niños mimados de La Cámpora.

Entre 2003 y 2011 la Argentina multiplicó por 16 sus

necesidades de importación de combustibles, porque el crecimiento

económico no fue acompañado por las inversiones en el sector

petrolero.

El año pasado importó 9.500 millones de dólares en combustibles

y este año va camino de los 13.000 millones, un golpe muy duro

para la balanza de pagos, acompañado de una caída del 46 por

ciento en las reservas de gas.

Entre las provincias también afloró el malestar, porque luego

de haber hecho el trabajo sucio de quitarle áreas de explotación a

petrolera, se encontraron con que el proyecto de Axel Kicillof -

apodado "El Jacobino" por algunos funcionario que lo quieren

poco- los dejaba afuera de casi todo.

Los mandatarios también se dieron cuenta de que el plan

Kicillof puede complicarles el pago de regalías que en la

actualidad les hace YPF religiosamente.

Antonio Brufau, el por ahora presidente de Repsol YPF, fue

recibido fríamente por el ministro de Planificación, Julio De

Vido, y con cierta vehemencia por parte de Kicillof, quien le

exigió, no en los mejores términos, que la empresa traiga el país

15.000 millones de dólares de utilidades que se llevó, según él,

en estos años.

Brufau dejó una frase que sonó a advertencia: "Piensen en las

consecuencias de lo que van a hacer", les dijo, antes de partir

hacia España.

Cristina tiene también preocupaciones políticas: para avanzar

en el proyecto Kicillof, el gobierno deberá tragarse el sapo de

usar una "ley" de la última dictadura de Jorge Videla, el mismo

represor que acaba de admitir y justificar la desaparición de

entre 7 y 8 mil personas durante los años más duros del Proceso.

Se trata de la ley 21.499, promulgada en 1977, y que fue el

sustento jurídico para expropiar empresas, viviendas -recordar la

construcción de la autopista 25 de mayo-, obras, terrenos, campos

y hasta maquinaria.

Esa ley se usó también para que los jerarcas del régimen

dictatorial se quedaran con bienes de los desaparecidos y para que

empresarios que no comulgaban con los generales, almirantes y

brigadieres, lo perdieran todo.

Demasiado olor a muerte detrás de ese argumento como para que

Cristina no se tome algunos días más para analizar el camino a

seguir.

Pero la ley de la dictadura 21.499 es funcional a la estrategia

hilvanada por el pragmático Kicillof, porque sostiene que "es

susceptible de expropiación el subsuelo, con independencia de la

propiedad del suelo".

Avanzar en el camino Kicillof desatará una catarata de juicios

para la Argentina, como ya lo advirtió España, pero al gobierno K

hace rato que dejaron de preocuparle las avanzadas jurídicas del

exterior porque se considera inmune a las mismas.

 Igual, la advertencia habría llegado a oídos de la presidenta

de parte del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, quien no

pasaría por su mejor momento en la relación con el joven Kicillof.

Tal vez el baño de realismo que se dará Cristina en Cartagena

de Indias, cuando estará cara a cara con líderes mundiales como

Barack Obama, haga reflexionar a la Presidenta y elegir el camino

más conveniente para el país sobre qué hacer con la principal

compañía de la Argentina, y que la política petrolera pueda

encontrar una senda de racionalidad.