Históricamente las mujeres han sido, y lo siguen siendo, impulsoras de grandes cambios. Gracias a su lucha, han conseguido importantes avances en materia de salud, educación, igualdad y también a nivel laboral. Pero aún queda un largo camino por recorrer para que puedan alcanzar la plena igualdad.

En ese camino, los dos temas que aparecen como próximos desafíos son: la violencia de género y la trata de personas. Tal vez las dos problemáticas que, a pesar de contar con legislaciones vigentes, son las que por estos días más vulneran los derechos de las mujeres.

En nuestro país existen dos leyes fundamentales en este tema: la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” y de la Ley 26.842 que crea el "Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas".

La primera de ellas fue aprobada en 2009. De acuerdo a un informe presentado por el senador nacional Rubén Giustiniani, en el presupuesto de 2012 sólo se asignó una partida para personal y no para otros gastos, quedando pendiente todo lo vinculado a la asistencia técnica, capacitación permanente, campañas de difusión y articulación con todas las otras áreas del Estado Nacional.

Entre las disposiciones más importantes que aún no se pusieron en marcha figuran: la instrumentación de una línea telefónica gratuita y accesible las 24 horas, la concreción de servicios especializados en la atención directa a mujeres víctimas de violencia, incluidos refugios para mujeres y sus hijos; y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Actualmente, según el Informe de Femicidios de La casa del Encuentro, cada 35 horas una mujer es asesinada por su condición de mujer y en los últimos cinco años se cometieron 1.236 femicidios. Más de 4 millones de mujeres fueron y son víctimas de violencia, lo que representa un 10% de la población de nuestro país, sin sumar las víctimas colaterales.

Por otra parte, la ley 26.842 fue promulgada en diciembre de 2012 y demanda una rápida puesta en funcionamiento, entre otras cosas, porque permitirá confeccionar un registro de la situación de la trata de personas en todo el país que facilite la detección de las redes de tráfico.

Además de estos grandes temas, existen medidas a corto plazo que posibilitarían ir corrigiendo algunas situaciones de desigualdad. Por ejemplo, cabe destacar las recientes iniciativas presentadas por el Socialismo para ser tratadas en el Congreso. 

La primera de ellas está vinculada a reducir la mortalidad materna y busca la creación de una Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de leyes vigentes que tienen enormes dificultades para hacerse efectivas en la vida cotidiana de las mujeres.

Otra es la participación igualitaria de varones y mujeres en los 3 poderes del Estado y entidades públicas no estatales, como sindicatos, partidos políticos y organizaciones profesionales. Algo que hasta ahora viene sucediendo sólo para la elección de cargos electivos, y que debería extenderse al resto de las organizaciones de la sociedad civil.

También es importante destacar la idea de promover la redistribución equitativa de las tareas de cuidado no remunerado y trabajo doméstico. Lo que se busca inicialmente es que el reparto de tiempo de estas tareas entre hombres y mujeres se incluya en la elaboración de estadísticas y censos para poder avanzar luego en programas específicos.

En este sentido, existe además un proyecto de ley para incorporar a la ley de Contrato de Trabajo la licencia parental de 30 días a los trabajadores varones para el cuidado del hijo o hija a partir del nacimiento o de la adopción. El fundamento de esta propuesta se basa en que el logro de la igualdad laboral para las mujeres sólo será posible una vez resuelta la distribución más equitativa de la carga de trabajo no remunerado y de cuidado que recae históricamente sobre ellas.

Más allá de estas medidas y de la viabilidad que puedan llegar a tener, el Día de la Mujer debe servir para implementar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y diseñar una política de Estado para promover la igualdad entre varones y mujeres.