Mientras se discute en todos los ámbitos en torno a la deuda externa, que se ha sobredimensionado nuevamente en los últimos años sin que queden rastros positivos visibles sobre esos créditos obtenidos -y que se deben pagar-, como por ejemplo en infraestructura pública, existen otras cuentas pendientes en la Argentina de la crisis sin fin. La deuda social también se ha consolidado sin que las políticas públicas pensadas e implementadas por funcionarios de mucho tiempo atrás o hace poco hayan generado efectos favorables en esta lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión dolorosa. 

No hace tantos años se instaló durante una campaña electoral, con fuerza, una consigna, un eslogan o una promesa que se llamó "pobreza cero". Se trató de una bandera que convenció a miles, que movilizó a tantos otros que confiaron en la convocatoria. Sin embargo, años después aquel lema se vació de contenido y se reveló su significado: una promesa de campaña incumplida, una más. Puede afirmarse definitivamente que fue una quimera, un concepto al que los diccionarios definen como un "sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice". Los más escépticos y pesimistas incluso consideran que se trató de una estafa a la buena fe del ciudadano. En todo caso, una más de tantas que acumula la clase política de todos los colores políticos en esta Argentina de las promesas incumplidas. 

La incidencia histórica de la pobreza en Argentina tiene un piso difícil de perforar: en los últimos 30 años la tasa de pobreza medida por ingresos nunca fue menor al 25%. Las estadísticas del INDEC o del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) coinciden en que millones de argentinos viven sumidos en la pobreza y la indigencia. Por cuestiones metodológicas puede variar haber diferencias en un par de puntos porcentuales, pero lo que está claro es que cerca de la mitad de la población la pasa mal. 

El 37,5% del país se ubica en situación de pobreza a causa de necesidades básicas insatisfechas, según un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA efectuado con datos de 2019 y divulgado esta semana. La pobreza multidimensional, que además de ingresos pondera otras carencias de derechos básicos, afecta en el país a por lo menos 15.750.000 personas, de acuerdo con una proyección de ese 37,5% sobre la población urbana total.

Un año antes, ese mismo indicador de la UCA se ubicaba en 31,4%, lo que significa que en un lapso de 12 meses 1.428.000 argentinos cayeron en situación de pobreza. El relevamiento contempla seis dimensiones: Seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos; Conexión a cloacas, agua corriente y energía; Vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio; Sin basurales, fábricas contaminantes ni espejos de agua contaminados; Asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo; Con ingreso por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas.

Es decir, este indicador elaborado por la UCA pondera otros cinco aspectos más, a diferencia del dato sobre pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la base de los ingresos y que en el primer semestre de 2019 arrojó un porcentaje del 35,4%. Pese al incremento de 6,1 puntos porcentuales en un año, la UCA señaló que en algunas de las dimensiones más estructurales se produjeron mejoras entre las mediciones de 2018 y 2019. En este sentido, las personas con carencias en conexión de cloacas, agua corriente y energía (es decir, servicios básicos) pasaron de 34 a 33,5%, mientras que los relevados en zonas con basurales, fábricas contaminantes y/o agua contaminada (problemas medioambientales), de 33,8 a 31,2%.

Sin embargo, las personas con déficit relacionado con una vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio pasaron de 27,1 a 27,2%; de asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo, de 12,3 a 12,5%, o con ingresos por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas, de 31,3 a 33%, según reportó el diario La Nación en su página web.

El número más significativo tuvo que ver con el déficit en seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos, que en doce meses pasó de 28,2 a 32,2%: fue la dimensión, de todas las que conforman el indicador, que más empeoró.

Casi la mitad de las personas en situación de pobreza crónica tiene menos de 15 años, el 70% tiene un nivel educativo bajo y, si bien la mayoría de los adultos tienen trabajo, éstos son precarios y sin aportes de seguridad social y cobertura de salud. ¿Cuál es el lugar que ocupa el concepto de 'futuro' para este universo de familias que la pasan extremadamente mal y que cada día se levanta sin la certeza de que podrá alimentarse en forma adecuada?