Mientras nos confinamos en nuestros hogares en pos de cuidar la salud propia y la de todos, afuera hay una economía que se desmorona abriendo grandes interrogantes sobre el futuro del país que de por sí, antes del inicio de la pandemia del conoravirus, ya estaba sumergido en una crisis económica profunda sin capacidad de pagar los vencimientos de la deuda. Con una renegociación en marcha con acreedores en procura de reprogramar fechas de pagos, todo parece cuesta arriba. 

En un reciente documento del Banco Mundial, se asegura que mientras dura la pandemia del coronavirus, gobiernos y servicios de emergencia están centrados en las necesidades inmediatas: aumentar la capacidad de los hospitales, hacer frente al hambre y proteger a familias y empresas frente a desalojos y quiebras. Buena parte de los fondos que en estos momentos fluyen desde el Banco Mundial, el FMI, otros bancos regionales de desarrollo o los bancos centrales se destinan a proporcionar recursos para equipos de protección en los hospitales, estabilizar las instituciones financieras, pagar a las empresas para que suministren bienes y servicios a los trabajadores esenciales o prestar apoyo monetario directo a los hogares. 

Pero ahora también se percibe que en algunos países se han iniciado ya los trabajos preliminares sobre cómo debe ser la próxima fase de recuperación y sobre la función que debe desempeñar una acción pública enérgica para impulsar la demanda, proporcionar ingresos de sustitución y facilitar nuevas inversiones. La fase de recuperación puede ayudar a crear prosperidad y resiliencia al contribuir al potencial de los países en su camino hacia el desarrollo, así como a su sostenibilidad a largo plazo. En este marco, la entidad considera que las decisiones que tomen los gobiernos para volver a poner en marcha su motor económico, entre ellas las referidas a los beneficios sociales, económicos y ambientales combinados a largo plazo que tratan de lograr mediante sus inversiones de estímulo, tendrán repercusiones trascendentales a la hora de garantizar que se pueda volver a construir mejor y con mayor solidez.

En la Argentina, desde el 20 de marzo, cuando el gobierno de Alberto Fernández estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio para desacelerar la propagación de la Covid-19 en el país, se atravesaron distintas fases: una primera estricta que se extendió hasta el 31 de marzo y luego fue prorrogada en una segunda instancia hasta el domingo 12 de abril; y una tercera parte "administrada" que comenzó el 13 y finalizó el último domingo con la consigna de que "de una caída del PBI se vuelve, pero de la muerte no". Desde ayer, el país atraviesa un aislamiento "focalizado" o "jurisdiccional", que significa que -a pedido de algunas provincias, menos de la mitad de las 24- habrá flexibilización de actividades, como la obra privada o las profesiones de abogados y contadores. 

Frente a las voces y reclamos por los coletazos en la economía, y mientras la mayoría de las empresas y comercios permanecían cerrados, el Gobierno desplegó una batería de medidas de ayuda para las familias, jubilados y pensionados, sectores no registrados de la economía y las gobernaciones, municipios, comercios y empresas. Así se llegó a la última semana de la tercera etapa, en la que el Gobierno desplegó el mayor apoyo económico de la era moderna en Argentina al inyectar en la economía una batería de medidas equivalentes al 3% del PBI.

De acuerdo al documento de estudio del Banco Mundial, son muchos los factores que los gobiernos deben sopesar a la hora de elaborar su paquete de estímulos: las necesidades inmediatas, la capacidad institucional local, las condiciones del mercado, el margen de maniobra para obtener préstamos y el legado de las decisiones de inversión en infraestructura adoptadas en el pasado. Otros criterios que se deben evaluar en las intervenciones o inversiones de estímulo son su potencial de creación de empleo, el tiempo que lleva la puesta en marcha del proyecto, la posibilidad de que los fondos públicos ayuden a movilizar financiamiento privado para seguir apoyando un proyecto y el impacto en la trayectoria del carbono a largo plazo del país.

En relación a todos los factores mencionados, la Argentina no tiene una posición cómoda sino todo lo contrario, de extrema fragilidad lo que obligará a ser creativos y ejecutivos a la hora de implementar políticas públicas en pro de lograr un rebote positivo de la economía. Quizás lo ideal sería alcanzar con las medidas económicas a instrumentar el mismo grado de consenso que las sociosanitarias ya adoptadas, que cuentan con el respaldo de todos los gobiernos provinciales. A esta altura de la partida, el país ha dado una buena señal: gobernar sin grieta en asuntos de máxima prioridad, como lo es el de la salud. A esta altura, la negociación por la deuda y un plan de recuperación productiva deberían estar en la misma dimensión.