Treinta y seis años después de la Guerra de Malvinas un acuerdo entre los gobiernos de los países involucrados en la contienda bélica logró poner en marcha un programa de identificación de los cuerpos de 120 soldados argentinos que se encuentran enterrados en el Cementerio de Darwin. Esta iniciativa se originó en 2012 a partir de una solicitud del gobierno argentino para que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en su capacidad de intermediario neutral, ayudara a identificar a los combatientes sepultados en Darwin bajo lápidas con la inscripción "Soldado argentino solo conocido por Dios" y culminó con una negociación diplomática con el Reino Unido.

A esta altura se lograron identificar a 105 restos de los soldados de un total de 120 tumbas. El último fue Claudio Bastida, que murió el 12 de junio de 1982 durante el combate de Monte Longdon cuando recién había cumplido 19 años. Recientemente, el trabajo de identificación de tumbas en las Islas Malvinas fue distinguido en Ginebra -donde se encuentra la sede del organismo internacional- como un ejemplo de "diplomacia al servicio de objetivos humanitarios". Desde el CICR destacaron que el Reino Unido y la Argentina trabajaron juntos para definir, desarrollar y alcanzar un objetivo humanitario común y señalaron que este ejemplo podría inspirar a otros estados.

De todos modos, esta política de consenso que surgió entre ambos gobiernos para tratar de aliviar el dolor de cientos de familias convive con otras aristas aún no resueltas del conflicto, que comienza por la soberanía de las islas aún en discusión o el reconocimiento del Estado argentino a quienes lucharon en la guerra y las investigaciones judiciales aún en curso para determinar responsabilidades de militares de la Argentina en supuestas acciones de tortura de soldados también de nuestro país. 

Respecto del primer punto, a finales de septiembre pasado el presidente Mauricio Macri brindó su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde reafirmó los "legítimos e imprescriptibles derechos soberanos" sobre las Islas Malvinas. En este sentido, ratificó el compromiso de su Gobierno con esta nueva fase de la relación con el Reino Unido, basado en la construcción de confianza mutua y en el diálogo amplio y positivo.

Y en junio último, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó una nueva resolución que insta al Reino Unido a reanudar las negociaciones con la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, durante una reunión en la que el canciller Jorge Faurie evaluó que el nuevo vínculo con Londres "contribuye a crear el clima de confianza necesario para poder superar los desencuentros del pasado".

En cuanto al segundo punto, en septiembre integrantes de la Confederación de Combatientes de Malvinas de todo el país se manifestaron frente al Congreso y se reunieron con senadores nacionales para reclamar pensiones por su participación en la guerra con el Reino Unido de 1982. Los ex combatientes pidieron a los legisladores el pronto tratamiento de una ley que amplía el Régimen de Pensiones de Guerra hasta los nietos de los veteranos. Además, reclamaron por unos 600 expedientes de indemnizaciones que reconocen diferentes porcentajes de discapacidades de los ex soldados, algo que debe ser avalado por el Ministerio de Defensa. Que estos reclamos ocurran 36 años después de la guerra es incomprensible. 

Por último, en mayo pasado el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los crímenes que sufrieron conscriptos argentinos durante la Guerra de Malvinas y que calificó como "crímenes contra la humanidad".

La presentación del Ministerio Público Fiscal se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú: allí tuvo desempeño el Regimiento de Infantería Número 5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco Compañías militares. Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos "estaqueamientos" y "enterramientos"- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida.

La demanda había sido presentada en 2007 en los tribunales de Tierra del Fuego, que es la jurisdicción a la que pertenecería Malvinas, a partir de la denuncia de Pablo Vassel, entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, en base a testimonios de ex combatientes conscriptos sobre hechos delictivos como homicidios, abandono de personas seguido de muerte, torturas, vejámenes, coacción, amenazas y lesiones graves. Más allá de que se trata de una denuncia de hace 11 años, poco se ha avanzado para establecer responsabilidades si las hubiere. Otro déficit de la justicia argentina.