Con el objetivo de contrarrestar el fenómeno creciente en las grandes ciudades de delitos que se cometen a bordo de motocicletas, Perotti firmó el decreto Nro. 460 que le confiere más potestades a la policía de Santa Fe para que puedan intervenir en situaciones de tránsito, y llegar a la retención del vehículo. Hoy esa facultad es ejercida por los municipios; las fuerzas provinciales sólo pueden intervenir, en tanto esté presente un inspector municipal.
El decreto plantea que los agentes provinciales “podrán en la vía pública y al momento de realizar las tareas de identificación de personas que circulen en motovehículos, disponer la retención de los mismos cuando quien lo conduce no pueda acreditar la titularidad del dominio o de su legítima posesión o autorización de uso”. En esa ocasión, los efectivos deberán dar cuenta “de manera inmediata a las autoridades locales para que tomen la intervención que les compete a los fines de la identificación de los motovehículos y su remisión, si correspondiere, al depósito local”. Ello debe entenderse “sin perjuicio de actuar en caso de flagrancia o de disponer lo correspondiente en el supuesto de que el conductor tenga un requerimiento de autoridad judicial que determinen su aprehensión”.
Entre los fundamentos se menciona “la preeminencia de tal modalidad en hechos delictivos en la vía pública registrados en las ciudades de Rosario y Santa Fe”; y se advierte que este tipo de rodados “posee alta capacidad para la huida, y permite la circulación en cualquier tipo de terreno independientemente del material de los caminos o de sus dimensiones, lo que fomenta su elección como medio de transporte para la comisión de distintos tipos de delitos que atentan contra la vida, la propiedad y la paz social”.
LA ORDENANZA LOCAL
El 20 de setiembre de 2019, el Concejo municipal de nuestra ciudad, con el voto en contra del Justicialismo y el apoyo de la oposición, aprobó una norma que habilitaba la retención de vehículos, en particular las motos, que se encuentren detenidos o estacionado en la vía pública sin sus chapas patente, pero días después, el Ejecutivo la vetó por inconstitucional.
El autor de la iniciativa, Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), fundamentó su propuesta en la necesidad de adoptar acciones que contribuyan a la prevención de la seguridad. Fue así que, en los considerandos del proyecto, sostenía que “la modalidad de motochorros”, va en incremento, los malvivientes se movilizan en busca de potenciales víctimas..., lo hacen con un gran sentido de impunidad y en muchos casos sin las chapas patentes reglamentarias que permita identificar el rodado... y en el último tiempo las motos se han convertido en una herramienta más para cometer hechos ilícitos”.
La norma fue aprobada y se estableció la modificación el Código de Tránsito el punto B) 4 del artículo 65º de la Ordenanza Nº 2.969, a los fines de que se proceda a retener, los rodados que se encuentren detenidos o estacionados en la vía pública en condiciones de circular y que no posean una o ambas chapas patentes reglamentarias”.
El proyecto fue acompañado por los cinco concejales de Cambiemos y tuvo la oposición de los tres Justicialistas, quienes marcaron su oposición. Pero mientras corrían los plazos para su adecuación y se esperaba la promulgación del departamento Ejecutivo, casi dos semanas después, el intendente vetó la Ordenanza, amparado en un dictamen del fiscal Daniel Fruttero, quien formuló “cuestionamientos jurídicos de fondo y de forma”.