Se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. La frase, breve y contundente, la usamos meses atrás cuando el Gobierno decidió aplicar un impuestazo a los modelos más costosos del mercado en su intento por detener la caída de las reservas en dólares del país. Obviamente, como en la medicina, la economía también requiere de un diagnóstico correcto para tratar los problemas.

No basta con detenerse en el síntoma, sino en buscar las causas que lo generan. Se sabe, el alivio del síntoma no conduce a la cura, sino en todo caso a un mejoramiento aparente y breve del paciente. Los médicos económicos se esmeraron en atacar el síntoma, en este caso la pérdida de dólares de las reservas. Consideraron, desde su lógica, que frenar la venta de modelos de alta gama sería parte de la solución.

Además, días después de la aplicación del impuesto llegó la devaluación. Tanto los fabricantes de vehículos como importadores y autopartistas intentaron que las autoridades analizaran modificaciones en esas medidas para evitar el desmoronamiento de la actividad. Convencidas de que industriales y concesionarios tienen los bolsillos repletos de billetes como producto de años de crecimiento, las autoridades nacionales no atendieron los pedidos ni escucharon las alarmas; en el balance oficial sobre los últimos años de la actividad sólo contemplaron el libro de entradas, pero olvidaron descontar las inversiones y los mayores costos por inflación y devaluación. Hoy, las consecuencias están a la vista.

En La Nación se publicó que las ventas se derrumban de manera progresiva (casi un 40% interanual en vehículos y un 50% en motocicletas), por lo que aumentan las suspensiones de trabajadores en las fábricas automotrices y en las plantas autopartistas, al tiempo que también los concesionarios deben revisar su esquema de negocios y la cantidad de personal empleado.