La situación económica y financiera del país ha cambiado muchísimo en los últimos meses, con desbarranque de casi todos los indicadores, y además, revirtiendo una perspectiva de crecimiento que permitía avizorar una recuperación no lo rápida que se prometía, pero con paulatino afianzamiento. Eso fue hasta el remezón de semanas atrás, cuando la disparada del dólar y consecuentemente de la inflación y todas sus variables, dieron lugar a una retracción en casi todos los órdenes, algo que bien podría sintetizarse con un "ensillar hasta que aclare". Si bien todo indica que llevará mucho más tiempo retornar a una situación positiva.

En realidad, no debió esperarse hasta este desenlace para tenerse conocimiento que el sector de los jubilados sería uno de los afectados, pues todo comenzó cuando se fijó el cambio de aumentos anuales en los haberes -la tan mentada reforma previsional-, luego emparchada a medias con los adicionales dispuestos para los que perciben los menores haberes, para luego desatarse una oleada de fuertes críticas a la metodología de "reparación histórica", mediante la cual positivamente se mejoraron haberes de más de un millón de pasivos que debieron renunciar a la posibilidad de entablar futuros juicios. Algo que debía ser considerado en favor del gobierno por su predisposición para mejorar a los jubilados, finalmente se transformó en un búmeran en contra, siendo criticada la decisión de volcar allí la mayor parte de los recursos obtenidos con el blanqueo, cuando había tantas otras cuestiones por resolver. 

Hoy queda más que claro, pues todo lo relacionado con la ANSES ingresó en un período de estancamiento, ya que no sólo se apela por parte del organismo todos los juicios con el planteo de aplicar otros índices de actualización de haberes a los dispuestos por la Justicia -implicando una disminución entre 45 y 55 por ciento- en las sentencias, sino que también se ha trabado todo lo que signifique erogación de recursos.

El tema se encuentra ahora en la resolución de la Corte Suprema de Justicia, respecto a decidir sobre la pretensión de la ANSES de recalcular hacia abajo los índices de actualización de los jubilados que tienen sentencias favorables. Lo estimado da cuenta que serían unos 150.000 juicios que se alinearían  con el llamado "caso Elliff", sobre el cual en 2009 el Máximo Tribunal confirmó un fallo de Cámara determinando que los salarios que se toman como base para establecer el haber del jubilado se deben actualizar por el Indice de Salario Básico de la Industria y la Construcción (ISBIC, tratándose de juicios que cuenta con más de 8 años de entablados, donde en la mayoría de los casos se trata de jubilados que tienen más de 80 años de edad.

¿Qué propone la ANSES? Aplicar el Indice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que es elaborado por el Ministerio de Trabajo, reemplazando de tal manera al ISBIC del INDEC y que viene siendo aplicado por la Justicia, con el aval de la Justicia hasta el momento, aunque resta ahora la determinación final de la Corte. De darse curso a la solicitud de la ANSES se disminuirían de manera importante los montos de los retroactivos y los reajustes de los haberes.

Está más que claro que luego de la hoy paralizada "reparación histórica", la condición de los jubilados ha cambiado sensiblemente, primero con la modificación de los aumentos anuales -aunque debe decirse que los especialistas sostienen que este año los pasivos recibirán 27% sumando los cuatro ajustes trimestrales-, y ahora con el giro dado en cuanto a los juicios entablados, apelando todas las decisiones judiciales, incluso los que ya cuenta con sentencia. Es que el dinero no alcanza más para el voraz Estado, que ha comenzado a restringir gastos, y entre ellos también se encuentran los recursos destinados a jubilados.

Según se puntualiza desde la Defensoría del Pueblo, las sentencias pendientes de pago ya están previsionadas por el Estado, por lo que recortar a los que si trabajaron y aportaron es injustificable.