Cuesta creer que una ex presidenta con media de causas judiciales que tienen la corrupción como hilo conductor y el cobro de millonarias coimas conserve chances de volver a la jefatura de Estado a través de las urnas. Una suerte de Cristina en el país de las maravillas en donde todo puede suceder. La actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en el medio de una compleja situación judicial y si no está en la cárcel es precisamente porque su cargo en el parlamento le provee inmunidad. También por la complicidad de sus colegas legisladores de la Cámara alta que deciden mantenerle sus fueros a pesar de los reclamos de la Justicia puesto que sobre ella pesan numerosos pedidos de prisión preventiva.
En una Argentina que tiene a un tercio de sus habitantes hundidos en la pobreza -peor aún la mitad de los chicos menores de hasta 14 años son pobres, lo que en cierta forma es sinónimo de un país que hipoteca su futuro-, lo que mayor indignación y también impotencia genera es la corrupción, es decir que miles de millones de pesos hayan sido desviados para los bolsillos de los Kirchner, sus funcionarios enriquecidos ilícitamente y una red de empresarios que aceptaban pagar sobornos a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Si realmente el país estaría decidido a cambiar, a avanzar hacia una especie de refundación, entonces no debiera permitir que ex funcionarios o actuales legisladores sean premiados con nuevos mandatos a pesar de que existe evidencia incontrastable de que se han apropiado de dinero de la gente que debía destinarse a obras o mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado.
Con tanta plata que desapareció en la ruta del dinero K se habría podido finalizar la construcción de la autopista de la 34 o bien el ex Cepla en el barrio 2 de Abril de Rafaela, olvidada por unos y otros, los de antes y los de ahora, los de allá y los de acá. Como mínimo un verdadero papelón pero en realidad se trata de un incumplimiento de los deberes propios de la función pública. No es divertido, es dramático.
Lamentablemente, a casi cuatro años de haber terminado el gobierno de los Kirchner, prácticamente no hay condenas. La responsabilidad en este caso es del Poder Judicial. Recientemente en este espacio editorial se destacó las coincidencias en los discursos que ofrecieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, María Angélica Gastaldi, en ocasión de inaugurar el año judicial tanto a nivel nacional como provincial. Ambos admitieron descontento y pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en la institución y en los jueces. Los motivos están a la vista, sobran los casos de jueces cuyo desempeño ha sido vergonzoso que se alejaron de sus cargos por la ventana pero al menos evitando un escarnio mayor, el cual hubiera sido justo: sacarle la plata que hicieron indebidamente y mandarlos a la cárcel. Se trata de señales necesarias que debe dar un país que aspira a cambiar... en serio.
Funcionarios corruptos y jueces delincuentes, una ecuación perfecta para la impunidad en un país que todavía tiene activas en los sótanos de la Justicia causas originadas en los años 90 por hechos de corrupción. ¿Qué se puede esperar con tanta connivencia?
A la escandalosa Causa de los Cuadernos de la Corrupción que salpica desde Cristina hacia abajo, pasando por sus ex funcionarios y empresarios que aceptaron pagar coimas, se le suman Hotesur, Los Sauces, obra pública, dólar futuro y el Memorándum con Irán. Demasiado para una democracia.
Como si todo eso no fuera suficiente para alimentar una bronca popular, en la última semana la senadora sufrió un nuevo procesamiento por una causa que, en el medio de su situación, hasta parece simpática. Ahora Cristina Fernández de Kirchner recibió un nuevo procesamiento en su contra por el uso de aviones presidenciales para el traslado de diarios a Santa Cruz los fines de semana durante su gestión. La medida la dictó el juez federal Claudio Bonadio, quien acusó a la expresidenta por el delito de peculado y le trabó un embargo de 500 mil pesos, al igual que al exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Esta investigación surgió de la llamada causa de los “cuadernos de las coimas” y la senadora declaró por este motivo cuando acudió a ocho indagatorias en febrero pasado. En ese escrito, aseguró que “jamás, ni Néstor Kirchner ni la suscripta, utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales”. Según Bonadio, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se realizaban vuelos en avión con el único fin de llevar los diarios a los nombrados desde esta ciudad a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate.
Con este procesamiento, Cristina suma 11 y mantiene cinco prisiones preventivas. No es para reír, es para llorar.