EL MINISTERIO (DE

SALUD) FANTASMA

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés anunció el miércoles la declaración de emergencia sanitaria por el avance del dengue que ya supera los 400 casos en la provincia y la prohibición de concentración de personas en actos públicos en la capital para prevenir el coronavirus.

En Rafaela, el martes se confirmaron que los casos de dengue ya suman 113. Además desde hace largos días más de 26 mil afiliados a la obra social de la provincia de Santa Fe, IAPOS, que viven en el departamento Castellanos tienen sus servicios interrumpidos y se quedaron sin cobertura médica en tiempos de coronavirus, dengue y otras pestes. 

Lo llamativo que despierta cierta indignación es el escaso protagonismo de los funcionarios de primera línea del Ministerio de Salud de la Provincia en esta ciudad. Está claro que el Gobierno provincial se encuentra paralizado a la espera que la Legislatura apruebe una ley (¿de vida o muerte en términos políticos?) y no hay ministro que se conozca ni se muestre en el territorio, pero la cartera sanitaria debería tener un rol activo ante las problemáticas del momento. 

Un tal Carlos Parola, ministro de Salud de la Provincia, reapareció el miércoles en un acto junto al Gobernador y al popular Ginés González García, titular del Ministerio de Salud de la Nación, para planificar acciones contra el dengue, el coronavirus y el sarampión, entre otras enfermedades. Enhorabuena, como se dice en las redes sociales. 

Sin embargo, miles de afiliados a IAPOS esperan un pronunciamiento del área de Salud. Urgente. Y sobre todo una solución, o al menos que no le descuenten los porcentajes del sueldo mientras no se presten servicios. 

A propósito, es extremadamente llamativo que solo los afiliados del departamento Castellanos sufran el corte de los servicios de IAPOS. En el resto de los 18 departamentos santafesinos todo funciona bien. ¿Nadie va a dar explicaciones? Los gremios de empleados públicos de la Provincia y de la Municipalidad como los docentes ya hicieron el reclamo. UPCN, ATE, AMSAFE, SEOM, Judiciales y otros visibilizaron la situación. Teléfono, Parola. 

TREMENDA PALIZA 

LEGISLATIVA

Finalmente el Concejo Municipal de Rafaela trató, en la sesión de ayer, un pedido de informes del bloque peronista en el que preguntan por el informe de auditoría de los procesos administrativos del propio cuerpo legislativo, que fue presentado en octubre pasado a quienes en ese momento ocupaban los cargos jerárquicos: Lalo Bonino (presidente), Jorge Muriel (vicepresidente 1º) y Lisandro Mársico (vicepresidente 2º). 

Lo curioso es que el propio Muriel impulsó el pedido de informes junto a sus compañeros de bloque, Brenda Vimo y Juan Senn. Es decir, que el concejal empresario pregunta por cosas que él ya sabe desde octubre pasado, en una jugada en la que termina autolesionándose políticamente hablando. Por tanto, no se entiende demasiado por qué de esta maniobra que salió a escena a partir de declaraciones de Vimo, en su carácter de novel edil, pues asumió en diciembre. 

En la sesión, los concejales que no son oficialistas -que son mayoría- lo definieron con simpleza: coinciden en que fue parte de una operación política pensada desde el Ejecutivo para desacreditar a un Concejo por el simple hecho de ser dominado por la oposición. 

Bonino, Mársico y Leo Viotti fueron durísimos en sus intervenciones, dejando expuesto principalmente al propio Muriel, quien quedó en un lugar incómodo. Y también al intendente, Luis Castellano, quien durante años fue concejal y también presidente del cuerpo legislativo por lo que estuvo a cargo de la tesorería y los procesos administrativos. Como se dijo en esta columna, si el oficialismo arrojó un boomerang hacia la oposición, es evidente que volvió. 

Por lo pronto, la revisión de como se hacen las cosas detectó falencias en procesos administrativos pero no en el manejo de recursos. El Concejo deberá contar cómo avanza en las mejoras con la transparencia como bandera. 

UNA GRIETA

QUE NO SUMA

Será por casualidad, estrategia política y operación, la pulseada entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo que asomó a través de la auditoría tuvo un capítulo en la tarde-noche del miércoles, cuando se llevó a cabo en el recinto del sexto piso la primera de un ciclo de charlas abiertas en adhesión por el Mes de la Mujer. Fue una idea de la concejal Alejandra Sagardoy que contó con el aval inicial de las otras damas del parlamento local, Marta Pascual y Brenda Vimo. Sin embargo, solo la radical se hizo cargo de la organización y recibió el respaldo del presidente, Germán Bottero, quien busca darle una mayor apertura al cuerpo con actividades destinadas a toda la comunidad. 

Pero a este primer encuentro, a cargo de la doctora Gisel Boidi y la licenciada Claudia Clivati, no asistió ningún integrante del gabinete municipal. Ni siquiera fue Vimo. 

¿AUDITORES 

AUDITADOS?

Dicen los especialistas en auditoría que el Consejo Profesional en Ciencias Económicas cuenta con diferentes protocolos estandarizados para utilizar en la elaboración de auditorías, con modelos de informes finales. Incluso existe una tabla para la certificación y los honorarios a cobrar por auditores. 

En el orden institucional, el Gobierno provincial y el Consejo Profesional cuentan con una resolución conjunta en la que se establece un servicio de auditoría para municipios y comunas, que ante una solicitud prevé la confección de un listado de profesionales -no pueden ser de la ciudad donde se tiene que hacer la revisión- y un sorteo. 

En el Concejo, el informe de los auditores entregado en octubre no tiene certificación. Y la cuestión podría ser evaluada por el propio Consejo (con "s") Profesional. 

LA GRAN BATALLA

DE LOS PORFIADOS

El proyecto de Ley de Necesidad Pública es vital para el gobernador, Omar Perotti. Dispone un amplio endeudamiento para pagar facturas viejas que dejó la gestión de Miguel Lifschitz, principalmente en materia de obras públicas, y además dar respuesta a las situaciones de emergencia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad entre otras. También para financiar a los municipios y comunas que no tienen una moneda en sus bolsillos. 

En los últimos días, los intendentes de todos los colores políticos se pronunciaron a favor de la ley. Y muchos más. Perotti lo hace cada vez que puede. Sus ministros también, como lo hacen los legisladores peronistas. Lifschitz, aún dolorido por las críticas de Perotti a su gestión el día del traspaso, resiste, casi aislado. Ante tanta presión esta semana al menos convocó a sesión de Diputados para dar ingreso al proyecto que fue aprobado solo con el voto de los senadores peronistas, el jueves pasado. 

La iniciativa pasó a comisión y el jueves de la semana próxima será el Día D. 

Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe y ex diputado nacional pidió en su Twitter a Perotti y a Lifschitz "que de manera urgente y responsable acuerden la Ley de Necesidad por el bien de los santafesinos". De manera elegante, instó a ambos dirigentes a dejar atrás tanta testarudez. 

PARADOJAS DE 

LA SOLIDARIDAD

¿Cómo explicarlo? Los productores agropecuarios concluyeron ayer un paro en rechazo a la suba adicional de las retenciones a las exportaciones de soja, que se aplica a quienes comercializan mayores cantidades. Se oponen a una mayor presión fiscal que les reduce el margen de rentabilidad, si es que lo tienen porque no a todos les va bien pues dependen tanto de los estados de ánimo del clima como de los gobernantes, el dólar, las cotizaciones de Chicago o la cosecha de Brasil o Estados Unidos. 

Desde el Gobierno nacional se calificó a los productores como "intolerantes" por llevar a cabo esta medida de fuerza a modo de cese de comercialización, aunque sin protestas en las rutas para dejar abiertas las puertas al diálogo. En cierta medida, un importante arco de dirigentes del ecosistema kirchnerista acusó a los hombres de campo de no ser solidarios con quienes son pobres o sufren hambre en la Argentina. 

Pero en Rafaela se dio una singular situación. La Tarjeta Alimentar que beneficia a casi tres mil rafaelinos de escasos recursos se distribuyó durante un operativo de tres días que se realizó en... el amplio predio de la Sociedad Rural Solidaria de esta ciudad. Incluso el Intendente agradeció la predisposición de la presidenta de la entidad ruralista, Norma Bessone, y de toda su comisión directiva.

Lo paradójico es que el lunes, cuando arrancó el reparto de las tarjetas, más de 70 productores participaron de una reunión en la misma sede para cuestionar al Gobierno nacional por la suba de 30 a 33 puntos porcentuales a las exportaciones de soja. Así que por un lado, en el mismo ámbito, hubo un clima de generosidad hacia abajo, es decir para quienes la pasan mal, y por otro una atmósfera espesa hacia arriba, el Estado que mete la mano en el bolsillo de los productores.