El drama social y económico ligado a la pandemia que se registra en distintas regiones del mundo se manifiesta en un aumento de personas afectadas que obligará a las instituciones implicadas en la gobernanza mundial a redoblar los esfuerzos para atender la pobreza y el hambre. Las principales economías del mundo retrocederán varios puntos porcentuales en este 2020, aunque tendrán recursos para atender a los sectores más vulnerables, pero el problema queda en evidencia y sin soluciones completas en los países que no disponen fondos para compensar las pérdidas que ocasionan las medidas adoptadas para reducir el ritmo de los contagios del Covid. 

Fue la ONU la que esta semana alertó que la cantidad de personas obligadas a trasladarse para poder sustentar a sus familias debido al impacto socioeconómico generado por la pandemia superará a la cifra récord registrada a nivel mundial de desplazados internos y migrantes que pasaban hambre y debieron abandonar sus hogares antes del coronavirus. En un informe conjunto, el PMA y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtieron que la pandemia provocó un aumento de la inseguridad alimentaria, así como de la vulnerabilidad de los migrantes, de las familias que dependen de la remesas y de los desplazados por conflictos, violencia y desastres. Las medidas y restricciones implementadas en todo el mundo limitaron la movilidad humana, las oportunidades de empleo y de tener un ingreso, reduciendo la capacidad de migrantes y desplazados de poder cubrir sus necesidades alimentarias y básicas.

Asimismo, el PMA prevé que para finales del próximo año al menos 33 millones de personas más podrían verse empujadas a pasar hambre solo debido a la falta de remesas, de las que dependen unas 800 millones de personas en todo el mundo, es decir, una de cada nueve. En este contexto, el Banco Mundial confirmó las advertencias de las dos agencias de la ONU al proyectar que las remesas caerán caerán un 14% en 2021. En 2019, en el mundo había 272 millones de migrantes internacionales y refugiados, frente a los 174 millones de 2000, lo que representaba el 3,5% de la población mundial.

Por su parte, Oxfam -una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países bajo el lema "trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento"- estimó que en 2019 había 821 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales aproximadamente 149 millones sufrían hambrunas de nivel de emergencia o más. En este sentido, sostiene que la actual crisis no se debe a una falta de alimentos sino que los niveles de hambre devastadores son un síntoma de un sistema alimentario deficiente que ha permitido que millones de personas pasen hambre en un planeta que produce suficiente comida para todas y todos.

La organización consideró que que la pandemia de coronavirus ha echado leña al fuego de esta creciente crisis alimentaria y ha exacerbado las desigualdades y vulnerabilidades existentes, al tiempo que ha empujado a millones de personas hacia la inseguridad alimentaria como resultado de la espiral de desempleo y los problemas económicos causados por la enfermedad.

La drástica desaceleración de la economía mundial, unida a las restricciones a la libertad de movimientos, se ha traducido en una pérdida masiva de empleos a nivel global en los últimos meses. Sin ingresos ni apoyo social, millones de personas se han quedado sin dinero para comer. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que se han perdido el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo a causa de la pandemia, algo que ha afectado especialmente a jóvenes y mujeres. La consecuencia es que 500 000 millones de personas más podrían verse sumidas en la pobreza.

En la Argentina, desde marzo hasta ahora se han perdido casi 4 millones de empleos lo que disparó el aumento de la desocupación, a la vez que se observa un incremento de la pobreza que está a punto de llegar a la mitad de la población. Si bien el Estado nacional a desarrollado políticas asistenciales para ayudar a los sectores más afectados, como el Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores informales y autónomos, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción destinado a auxiliar a las empresas en crisis en el pago de los salarios, y la Tarjeta Alimentar que implica transferencias bancarias a las familias para comprar solamente productos alimenticios, la cuestión es que no parece ser suficiente. No hay que perder de vista que más del 30 por ciento de los trabajadores se desempeñan en la informalidad, en tanto que la pobreza estructural gira en torno al 30 por ciento. Se trata de problemáticas que no pueden resolverse en un par de meses sino que requieren planificación, gestión y acuerdos políticos para recrear condiciones de crecimiento de la economía. Por ahora, los problemas están a la vista y las soluciones no.