El impuesto a las Ganancias genera mucho rechazo debido a la falta de actualización de los mínimos no imponibles respecto a la inflación. Esto hace que cada vez más asalariados paguen este tributo por el sólo hecho de que las remuneraciones crecen para compensar la inflación. Para tener una idea del impacto, en el año 2000 menos del 10% de los asalariados registrados pagaba Ganancias, mientras que en el año 2013 la proporción llega al 25%, según indicó un reciente informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Pero la falta de actualización del mínimo no imponible, agrega el documento, es sólo una de las distorsiones que provoca la inflación sobre el impuesto a las ganancias. Otra, aún más importante, es el aumento de las alícuotas. Esto se debe a que el monto a pagar del impuesto surge de aplicar porcentajes crecientes que arrancan en el 9% de la base gravable y se escalonan al 14%, 19%, 23%, 27% y 31% a medida que sube el ingreso, y llega hasta 35% cuando el ingreso supera los $120.000 anuales por encima del mínimo no imponible.
Al no actualizarse la escala que define la alícuota con la que se calcula el impuesto, los contribuyentes son alcanzados con porcentajes cada vez más altos. Se puede ilustrar la importancia de este fenómeno a través del siguiente ejemplo práctico:
• Un asalariado que en el año 2000 ganaba $ 2.500 pagaba impuesto a las ganancias con una alícuota del 14%.
• Los salarios en el sector formal de la economía se multiplicaron por 8 entre los años 2000 y 2013, por lo tanto, un salario de $ 2.500 en el año 2000 equivale a aproximadamente $ 20.000 en el año 2013.
• En el año 2013, un salario de $ 20.000 paga ganancias con una alícuota del 35%.
Este ejercicio ejemplifica como la falta de actualización de los parámetros bajo los que se aplica el impuesto a las ganancias no sólo aumenta la presión tributaria sino que reduce la progresividad. De esta manera, se desvirtúa la principal virtud del impuesto a las ganancias que es lo que explica que sea intensamente utilizado en los países desarrollados. Se ha llegado a tal nivel de descalabro que una familia de clase media es alcanzada por la alícuota del 35% que es la misma que se aplica a las grandes corporaciones.
La Constitución Nacional delega al Congreso la responsabilidad de definir los impuestos. Sin embargo, con inflación acompañada por desidia, ignorancia y sumisión de muchos legisladores se impuso un fenomenal crecimiento en la presión tributaria. Semejante cambio tributario en un país serio sólo podría hacerse a través de una ley, muy discutida, analizada y trabajosamente consensuada en el Congreso. Pero en la Argentina la degradación institucional permite que se aumente los impuestos sin intervención del Congreso.
En los debates previos a las elecciones el impuesto a las ganancias estuvo como prioridad en las agendas. Pero prevalecieron los planteos demagógicos ya que muy poco se dijo sobre qué componentes del gasto público se propone reducir para evitar que la menor recaudación de ganancias no se traduzca en mayor emisión monetaria. Sería muy positivo que para las elecciones de octubre se discutan los subsidios económicos, que son la principal vía de derroche de fondos públicos en la actualidad. Este año se proyecta transferir a empresas públicas y privadas deficitarias unos $ 132 mil millones, es decir, un monto que equivale a 4 veces la recaudación del impuesto a las ganancias sobre las personas.
Para proponer con seriedad la reducción de la presión del impuesto a las ganancias primero hay que aceptar que lo que se le descuenta a la gente de su sueldo se usa, entre otras cosas, para sostener los despilfarros de Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas.
Inflación sin actualización hace a la esencia del modelo económico que se viene aplicando desde el año 2002. Sirvió tanto para licuar gasto público (por ejemplo, reduciendo el nivel real de las jubilaciones al no aplicar movilidad hasta el año 2008) como para aumentar de manera espuria la presión tributaria. Por eso, es crucial que los futuros legisladores no sean condescendientes con esta manera de ajustar la economía y asuman que la prioridad es dejar de usar fondos públicos para subsidiar empresas públicas y privadas deficitarias. Reduciendo estos subsidios surgirá el espacio fiscal necesario para devolverle racionalidad y progresividad al impuesto a las ganancias, concluye el documento de Idesa.