El pasado domingo se consumó un nuevo golpe del chavismo a las instituciones democráticas de Venezuela, en una decisión que fue condenada por diferentes países y organizaciones internacionales, como la poderosa Unión Europea.
Este tipo de situaciones, que se vienen manifestando desde hace varios años, parecen no tener freno.
Primero, con Hugo Chávez y actualmente con su sucesor Nicolás Maduro, la democracia está ausente en el país caribeño, que está sumergido en una preocupante crisis política y social.
La sesión en la que estaban dadas las condiciones para la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, tuvo un brusco cambio de rumbo a partir de la actitud de las fuerzas de seguridad leales a Maduro y en la actualidad respondiendo a Diosdado Cabello le prohibieron el ingreso al recinto a varios legisladores de la oposición y al propio candidato.
En una resolución estaba tomada previamente, fue consagrado Luis Parra, un diputado opositor disidente con múltiples acusaciones de corrupción, quien decidió proclamarse, megáfono en mano, como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional.
El apoyo del chavismo fue determinante para instalar a Parra al frente de esa institución, aunque no hubiese quórum suficiente para darle legalidad a esa reunión, como consecuencia de la ausencia de los aliados a Guaidó.
La denuncia de la oposición no tardó en llegar, mediante un comunicado que refleja claramente su postura: "Golpe al Parlamento. Sin votos ni quórum, diputados del PSUV juramentaron una falsa directiva".
Pero las reacciones de Guaidó y quienes apoyaban su reelección no terminó en ese pronunciamiento, toda vez que resolvieron llevar adelante, apenas unas horas después, su propia sesión en el diario "El Nacional" de Caracas, desafiando de esa manera la actitud dictatorial de Maduro.
Guaidó, que antes de estos sucesos era reconocido como presidente interino de Venezuela por aproximadamente 60 país, recibió un apoyo internacional que llegó a superar sus expectativas, como él mismo lo reconoció luego de los hechos que pusieron al descubierto, una vez más, la política totalitaria encabezada por el cuestionado líder del chavismo.
"La sesión real de la Asamblea de Venezuela se va a realizar y será ratificado Juan Guaidó como presidente. El reglamento y la Constitución establecen claramente que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional", manifestaron desde la oposición, antes de la sesión externa.
Poco después, el mismo diario en el que se desarrolló el encuentro, informó que "con una votación de 100 diputados presenciales, Juan Guaidó fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional".
Hoy, el panorama que se vive en aquel país es definitivamente irregular, pero al menos en esta oportunidad no hubo que lamentar hechos de violencia en las calles de Caracas y de las principales ciudades, como ocurrió en repetidas ocasiones, siempre con saldos lamentables.
La jornada tensa del último domingo parece haber quedado atrás, pero no así las repercusiones internacionales, que en su inmensa mayoría rechazan el método aplicado por Maduro para desactivar la reelección de Guaidó.
Tras ver frustrado su voluntad de ingresar al Parlamento, el referente opositor se mostró firme al manifestar: "Si no entran todos, no entra ninguno", como finalmente ocurrió.
En cambio, los que no tuvieron inconvenientes para acceder al recinto, fueron los integrantes del bloque mayoritario del chavismo y los diputados opositores involucrados en el escándalo de corrupción por el programa alimentario de una nación que está cada día más de encontrarle una solución a ese flagelo.
Hace poco más de cuatro años, en la que fue su mayor victoria política en dos décadas, la oposición logró una mayoría calificada de 112 diputados y dejó arrinconado al chavismo, que en esa elección sumó apenas 54 escaños.
Sin embargo, Maduro actuó con mano dura para tratar de atenuar ese revés. Y pudo conseguirlo a partir de una medida que puso en evidencia su conducta dictatorial, al expulsar a tres diputados del estado de Amazonas.
Luego de aquel golpe que le asestó el pueblo a su gestión en 2015, el chavismo siguió generando conflictos institucionales, hasta lograr su propósito, que le permitió conformar un parlamento paralelo, en 2017, con una Asamblea Constituyente electa de manera fraudulenta.
La persecución a los legisladores opositores fue debilitando progresivamente a esa fuerza, que hoy tiene 49 representantes con procesos judiciales, 27 en el exilio, uno encarcelado (Juan Requsens) y un desaparecido (Gilber Caro).
Posteriormente, se develó un escándalo de corrupción con parlamentarios de Primero Justicia y Voluntad Popular, que volvió a provocar fracturas en la mayoría de Guaidó.
Recientemente se sumó la "compra de diputados", con ofrecimientos de pagos en moneda extranjera, en la última maniobra del chavismo para terminar de hundir a la oposición, antes de la irregular Asamblea Nacional.
A pesar de todas las estrategias imaginables del gobierno bolivariano, Guaidó había reunido a 93 voluntades el domingo, una cifra que garantizaba por el sistema de votación simple, su reelección, teniendo en cuenta que por la cantidad de diputados, necesitaba 84 votos.
El hostigamiento de las fuerzas de seguridad no se lo permitió y de esa manera el chavismo seguirá manejando a su voluntad un país que tiene carencias tan importantes que miles de sus habitantes decidieron abandonarlo, buscando nuevos horizontes.
Desde nuestro país, a través de la Cancillería, se expresó una firme condena a lo sucedido en Venezuela y desde varias decenas de países de todo el mundo se conocieron similares pronunciamientos contra la actitud del gobierno y en solidaridad con el pueblo de una nación que alguna vez tuvo un enorme potencial como consecuencia de su riqueza petrolera.