En una sociedad que descuidó aquellos valores donde debe apoyarse, como la transparencia, la solidaridad, honestidad y rectitud, no es extraño que crezca la corrupción, la violencia, la delincuencia y la impunidad. Pero sin duda que el cuadro de deterioro social y moral presenta un estado crítico cuando los disvalores anidan en las instituciones de la república. Decenas de ex funcionarios del anterior gobierno nacional, liderado por el kirchnerismo, se encuentran procesados por corruptos, es decir haberse apropiado de fondos públicos, mientras que ni el Congreso ni el Poder Judicial pueden revertir la imagen negativa que tienen ante la sociedad. Al igual que la policía en sus distintas variantes, donde suelen hacer carrera delincuentes con uniforme.

En la provincia de Santa Fe no pocos efectivos policiales han quedado al margen de la fuerza de seguridad por haber cruzado la línea. Y en la de Buenos Aires, que alguna vez fue bautizada como la maldita policía (bonaerense), la contaminación por corruptela asoma de tanto en tanto más allá del gobierno de turno. El episodio que conmovió a todo el país sucedió en la localidad de San Miguel del Monte, donde una persecución de policías contra un auto Fiat 147 en el que viajaban adolescentes de 13 y 14 años junto a un joven de 22 años que estaba al volante terminó en una tragedia que dio un giro copernicano a muchas familias. 

Todavía se desconocen, al menos públicamente, las razones que llevaron a dos patrulleros ir detrás del auto de los jóvenes que concluyó su fuga al chocar contra un camión estacionado en la Ruta 3, que dejó a cuatro de sus integrantes sin vida y a una adolescente en grave estado. En el marco de la investigación judicial ya hay una docena de agentes de seguridad detenidos en tanto que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, descabezó a gran parte de la cúpula de la Policía Bonaerense. Porque además se confirmó que los policías dispararon con sus armas reglamentarias durante la persecución. 

La muerte de chicos que recién ingresaban a la adolescencia causó una conmoción de gran magnitud que generó condenas masivas al accionar de la policía y llevó incluso a pronunciarse a la Iglesia. En este sentido, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, pidió que se esclarezca y que se sancione a los responsables por la muerte de los cuatro chicos a la vez que manifestó la gran preocupación de la sociedad por este tema.

La Iglesia consideró, en una suerte de impecable carta abierta, que ante los hechos en los que se han visto involucrados algunos miembros de las fuerzas de seguridad y que impactan en el corazón de nuestro pueblo queremos compartir nuestra preocupación, expresar nuestro dolor y pedir a las autoridades todos los esfuerzos necesarios para esclarecerlos, sancionar a quienes no obran de acuerdo a la ley y promover la formación de quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos.

Asimismo, puso en palabras la necesidad de avanzar en un saneamiento de las instituciones al consignar que los hechos de violencia de gravedad extrema inducen a suponer que en algunas estructuras de las fuerzas de seguridad anidan procedimientos incompatibles con el Estado de Derecho y que, al quebrar sus principios básicos, representan una amenaza particularmente para los jóvenes y las personas más vulnerables.

Si bien la Comisión de Justicia y Paz reconoció y valoró el esfuerzo de los varones y mujeres que trabajan día a día por la seguridad ciudadana con verdadera vocación de servicio, instó a corregir en forma urgente situaciones altamente dañosas y promover una seria y adecuada formación para el ejercicio del rol que el Estado les confía, dejando definitivamente atrás la creencia que las tareas de las fuerzas de seguridad habilita para la impunidad.

Conforme avanza la investigación, salen a la luz testimonios indignantes sobre las malas prácticas de la policía bonaerense. La oficial Melina Bianco, una de las detenidas por la trágica persecución policial, develó con su testimonio ante la Justicia una trama de brutalidad y encubrimiento. 

En este contexto, la Comisión Nacional de Justicia y Paz precisó que corresponde que se sigan promoviendo en quienes asumen este servicio a la comunidad, un cambio en las acciones agresivas, sean físicas o verbales, que muchas veces se dan, eliminando toda forma de actuación violenta o ´gatillo fácil´ que implique una clara desproporción en la intervención de su tarea. Las familias de las víctimas necesitan justicia. Y el resto de los argentinos también. El mensaje debe ser contundente en un país donde el que las hace no las suele pagar, más aún cuando los delitos se cometen al interior de las instituciones que mantienen los contribuyentes con sus impuestos, como en este caso la Policía bonaerense.