Mayor transparencia es el camino más simple para reducir la corrupción en los estamentos públicos aunque bien podría incluir en esa estrategia un aumento de las penas de cárcel para aquellos funcionarios que echan mano de los recursos públicos para fines personales. Como ya se ha dicho en esta columna, las condenas a prisión para los corruptos no deberían ser morigeradas si el condenado hace un curso de jardinería y 20 de historia. Para disuadir a quienes están tentados en meter la mano en la lata, lo mejor es aumentar los castigos y que las penas no se reduzcan por la acción de ningún artículo tramposo. También que devuelvan los fondos malhabidos y todavía más con la aplicación de multas. 

En una Argentina que en los últimos hechos fue perdiendo su capacidad de asombro ante la sucesión de escándalos de corrupción que salpicaban a los más altos funcionarios del poder político, es necesario debatir el problema y buscar mejoras para que el sistema no deje margen para la acción de los delincuentes que se aprovechan de los recursos públicos. 

En este mismo espacio hemos cuestionado a la Legislatura de Santa Fe por mantener una cómoda actitud que protege el establishment de los diputados y senadores, que se conforman con una transparencia a medias y un reparto de dineros públicos casi obsceno que lejos está de la prudencia. A partir de un informe de diario La Capital, se había destacado que las cámaras de Diputados y Senadores cuentan con un presupuesto total de $7.057 millones para este 2021, a razón de $19,3 millones por día. Y que la contracara es la Legislatura de Córdoba tiene previsto gastar este año el 27% de esa suma, es decir $1.949 millones.

Esta semana la Legislatura de la vecina provincia dio a un conocer un informe sobre las últimas acciones desarrolladas en materia de transparencia parlamentaria y acceso a la información. La novedad es que incorporó dos importantes herramientas a su agenda como lo es el Directorio Legislativo y la medición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL).

El Directorio Legislativo es una herramienta de transparencia que compila y pone a disposición de la ciudadanía, la labor diaria y el perfil de todos los legisladores de la cámara. En tanto, el ILTL es un instrumento de medición que se utiliza para comparar, a nivel regional y nacional, de qué manera avanzan los congresos en materia de transparencia. Más allá de la medición en sí, busca ofrecer recomendaciones y propuestas para mejorar los estándares de transparencia legislativa.

En el ILTL se miden cuatro dimensiones relativas a la transparencia y acceso a la información: Normatividad, que analiza la normativa existente referida a transparencia y acceso a la información pública; Labor parlamentaria, que analiza la existencia, publicación y periodicidad en la difusión de documentos sobre la actividad legislativa incluyendo trabajo en comisiones, plenarios y votaciones, entre otras; Presupuesto y Gestión Administrativa, que analiza el uso y gestión de recursos financieros y humanos, y controles internos y externos al Poder Legislativo; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, que analiza la existencia de políticas que permitan y faciliten la intervención ciudadana efectiva en el proceso legislativo.

Felicitaciones a la decisión de la Legislatura cordobesa, que avanza decidida a transparentar toda su labor y la forma en la que utilizan los recursos que con esfuerzo pagan los contribuyentes. 

Del otro lado está la Legislatura santafesina, donde conviven pedidos de desafueros de senadores e investigaciones por los "autosubsidios" que se habrían otorgado al menos cinco legisladores. Hay mucho por hacer en Santa Fe.