El acuerdo firmado entre Provincia y Nación, sigue levantando críticas desde la oposición al Gobierno de Omar Perotti por considerar que va en contra de los intereses de Santa Fe.
En esa dirección se manifestó, Pablo Olivares, quien forma parte del equipo que asesora en temas económicos al Diputado provincial Maximiliano Pullaro, quien ya está lanzado como candidato a la Gobernación el año próximo, y en diálogo con La Opinión sostuvo también que “lo razonable -tratándose del patrimonio provincial y con efectos a largo plazo- sería que se hubiera discutido o, al menos, informado a todo el sistema político, más allá de la obligación o no que se tenga de hacerlo”.
--De acuerdo a los cálculos que hacen, ¿cuánto dinero tendría que recibir Santa Fe?
--En términos de poder adquisitivo lo que le despojaron a la provincia, actualizado por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censo), que nunca tuvo una intervención como la del INDEC, nos da una deuda de $ 561.000 millones.
Sin entrar en valoraciones políticas, ni del Gobierno provincial, lo que se cerró es una deuda con los criterios de la propia Corte Suprema para actualizar, sabiendo que en Argentina la tasa pasiva es prácticamente la mitad de la inflación, o algo menos, y se desprende de esto que lo que le van a devolver a la provincia es solo un 30% de ese poder adquisitivo del que la despojaron. Esto como primer dato, y la lectura es que es muy mal negocio reclamarle al Gobierno nacional.
BONOS
FRÁGILES
--Los bonos que no van a entregar no parecen gozar de buena salud en el mercado y su depreciación puede ocasionar un perjuicio extra …
--Haber acordado el pago en bonos es otro perjuicio. Si tomamos en cuenta que San Luis también los recibió, pero con la diferencia que cuando fue al mercado prácticamente cotizaban a la par. Hoy, si Santa Fe quiere hacer lo mismo, sufriría una quita de entre un 30% y un 40%. Es cierto que la idea no es hacerse de toda la plata junta, pero el problema es que en el interín te quedas con bonos sobre los que el mercado tiene muchísima preocupación, algo que se nota en las cotizaciones, de que en el futuro puedan sufrir algún reperfilamiento. Esto quiere decir que al recibir estos bonos la Provincia está asumiendo el riesgo que en algún momento pueden tener alguna alteración (a la baja). Del mismo modo, a partir de recibir los bonos, el Estado santafesino pasa a ser un ‘bonista’ más y cualquier cosa que suceda con esos títulos deberá resolverlos en una Asamblea de bonistas, buscando mayorías y todo lo que una negociación de ese tipo implica.
Aquí aparece la gran diferencia con las propuestas que hacían el ex Gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz y el acuerdo que logró Rodríguez Saá (San Luis) porque en ese momento el Estado nacional de te daba los bonos, los colocabas en el mercado secundario, te hacías del dinero y luego lo pasabas a plazo fijo o a monedas duras para pagar los vencimientos con organismos internacionales.
INCONSULTO
--El compromiso con AFIP da la sensación que “fuimos a cobrar y quedamos debiendo”
--Pero el tema más sensible, y que genera sorpresa, es esta especie de acuerdo ampliado, porque si se anunciaron en el mismo momento tienen que ver con el mismo acuerdo, es el reconocimiento a la AFIP para que le detraiga el 1,9% de la coparticipación que significan unos $ 8.000 millones al año. En síntesis, vamos a cerrar una deuda, nos pagan un monto menor al que corresponde si lo tomamos en términos de poder adquisitivo, nos entregan bonos, que tienen un riesgo, nos pagan a plazo y al mismo tiempo le reconoce a Nación que le vamos a pagar a perpetuidad $ 8.000 millones, entonces cuando se hace un balance de este acuerdo, planteado en un horizonte de 20 años, el saldo empieza a ser negativo para la Provincia
--¿No hubiera sido mejor que el proceso que derivó en el acuerdo se ponga a consideración de todos los sectores políticos y de cara a la sociedad santafesina?
--Aquí es donde se deben tener en cuenta dos situaciones, que son la legalidad y la legitimidad. Respecto a la legalidad se puede discutir si es un proceso que requiere intervención legislativa, pero en cuanto a la legitimidad hay que decir que se están resolviendo cuestiones vinculadas al patrimonio de la Provincia, que van a afectar no solo una gestión de Gobierno sino que lo harán en el largo plazo y a sucesivas administraciones provinciales; entonces, lo razonable sería que se hubieran discutido o, al menos, informado a todo el sistema político, más allá de la obligación o no que se tenga de hacerlo.
ACUERDO CON EL
2023 EN LA MIRA
--En la negociación jugó un poco que el 2023 es un año electoral?
--Desconozco si fue así. Puede haber jugado en el sentido que se quiera resaltar el flujo de recursos que le llegarán de Nación al Gobierno actual en el tiempo que le queda de gestión. Está clara la necesidad de recibir fondos el próximo año, pero también de tener resuelto este tema y que no se transforme en un tema de campaña porque pasaron cuatro años y no se alcanzó un acuerdo cuando hubo compromiso del Presidente y teniendo en cuenta que son dos Gobierno alineados políticamente. Para mí tuvo que ver esta segunda hipótesis porque la verdad que arreglar un pago en bonos en estas condiciones es un incomodidad
--Para algunos hay dinero fresco y para otros hay bonos …
--Cuando se discute con el Estado nacional, pueden argumentar que no te pueden pagar, que no se tiene todo el dinero junto, pero cuando hubo un reclamo de la Provincia de Buenos Aires a la Nación, a través de lo que se llamó reparación histórica, no hubo necesidad de un juicio ante la Corte y para saldarla hubo plata y en el año 2020 se creó un fondo para esa Provincia, que para este año son $ 90 mil millones. Entonces, para cancelar deudas con Buenos Aires hay plata, pero para el resto hay bonos
Otra reflexión es que esto se presentó resignadamente como diciendo “es lo que hay”. Y es como asumir que Rodríguez Saá negoció por las dos Provincias.