La ruidosa protesta de sectores de la sociedad argentina el jueves
por la noche puede constituir una señal de que el avance del
Estado sobre ciertas libertades económicas, mientras aparece
incapaz de garantizar la seguridad, y tiene dificultades para
brindar servicios adecuados de salud, educación y transporte,
alcanzó cierto límite en la paciencia de esos manifestantes.
Refleja, además, cierto divorcio entre lo que la presidenta
Cristina Fernández le cuenta a los argentinos por cadena nacional,
y lo que viven los ciudadanos cuando van al supermercado, son
asaltados mientras ingresan a sus hogares o padecen las
consecuencias de un precario sistema de salud.
Sondeos independientes, como el de la consultora Management &
Fit, están mostrando el hastío de un sector de la población con lo
que califica como "mentiras" del gobierno respecto de la
inflación, que tal vez sea una buena estrategia para pagar menos
intereses de deuda, pero impide implementar un plan anti-
inflacionario.
Es muy difícil solucionar un problema tan serio como la
disparada a dos dígitos del costo de vida durante varios años,
cuando desde la Casa Rosada el tema ni siquiera merece ser
mencionado en los discursos de lo que la oposición llama con
ironía, la "cadena nacional del ánimo".
Si se repasan las desgrabaciones de los últimos diez discursos
pronunciados por la jefa de Estado, sólo en el último aparece la
problemática de los precios, cuando al anunciar el cambio en el
sistema de asignaciones familiares pidió a los supermercados no
aumentar.
Pero ni siquiera allí la Presidenta nombró la palabra
"inflación", como tampoco se encuentra alusión alguna en sus
pronunciamientos a términos como "inseguridad".
Los problemas, en este caso los
económicos, no pueden hacerse desaparecer simplemente no nombrándolos.
La movilización de sectores medios y altos, no sólo en la zona
metropolitana, sino también en la mayoría de las ciudades del
interior, puede representar una señal de alerta para el gobierno,
y constituye un claro pedido de la gente para que algunas
políticas económicas cambien.
El avasallamiento de libertades económicas individuales tal vez
haya causado más daño del que el gobierno alcanzó a procesar, a
juzgar por las primeras palabras del jefe de Gabinete, Juan Manuel
Abal Medina, quien dijo que los que marcharon están "más
preocupados por lo que pasa en Miami que en San Juan".
Tal vez Abal Medina no haya reparado en los casos de personas
que perdieron sus empleos como consecuencia de la caída del sector
inmobiliario, la construcción y el mercado cambiario, con el
consiguiente cierre de casas de cambio.
Tampoco tuvo en cuenta que miles de personas perdieron, una vez
más en la Argentina, el sueño de la casa propia, porque se habían
comprometido a pagar cuotas en dólares y de un día para el otro el
peso se devaluó 35 por ciento vía mercado paralelo y cierre del
mercado oficial.
A esto se suma que hay cientos de miles de personas que
perdieron cosechas y otras directamente todos sus bienes por las
tremendas inundaciones en el interior de la provincia de Buenos
Aires, donde está claro que faltan obras hídricas y encima hay
denuncias de desvíos de fondos hacia otros destinos.
La utilización de 3.800 millones de pesos anuales para
alimentar una red de medios de comunicación adictos y cegados a la
realidad por parte del gobierno también forma parte, según las
encuestas, del hastío de la gente, que en un país futbolero debe
soportar cada fin de semana que le metan proselitismo hasta en la
sopa en cada partido.
Las compadreadas del secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, para someter a los empresarios y mantener los
precios a raya demostraron ineficacia y sólo alimentaron una
burocracia estatal que va convirtiendo a la Argentina en el
imperio del empleo público.
Se estima que ya hay más de tres millones de empleados públicos
entre Nación, Provincias y Municipios.
En muchos distritos, como la ahora convulsionada Santa Cruz,
uno de cada dos ciudadanos son empleados públicos, y ese panorama
se repite en muchos distritos.
En el Chaco, el gobernador Jorge Capitanich anunció que no
existe más la desocupación, porque la mayoría de la población
trabaja para el Estado.
En la emisión de billetes parece estar otro de los problemas
del "modelo": se estima que este año rondará un aumento del 40 por
ciento, a tal punto que los de 100 pesos que todavía mantienen la
cara de Julio Argentino Roca, van por la serie "Q".
Esos billetes dejarán de imprimirse para ser reemplazados por
los de Evita, pero un problema técnico de lectura en los cajeros
impide por ahora hacerlos circular.
El hecho constituye una parábola de la Argentina actual,
colmada de anuncios que terminan irritando a algunos sectores de
la población, a los cuales el gobierno parece haberles perdido
consideración, y luego hasta terminan teniendo problemas de
implementación y dejando a la Presidenta en off side.