La
promesa de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de que la minera
Vale llegará a un "acuerdo" con la Argentina por su decisión de
dar marcha atrás con su megainversión, podría representar la
primera noticia económica positiva de un año que se presenta como
el más complicado desde que Cristina Fernández asumió en 2007.
Es que la inversión de Vale en Mendoza era la más importante, y
una de las únicas relevantes, que el gobierno esperaba para este
2013 de sequía de capitales.
Vale planteó que ya no le convenía invertir 6.000 millones de
dólares a un tipo de cambio retrasado de 5,20 pesos, cuando los
costos internos crecen al ritmo de la inflación real.
Otras compañías de gran porte están haciendo planteos
similares, y por eso la parálisis se nota en varios sectores, y ya
no sólo en la construcción.
Pero en buena medida las inversiones no llegan porque el mundo
está en crisis, y además prioriza otras latitudes, en especial por
la prohibición que el cristinismo impone a empresas de girar
utilidades a sus casas matrices.
Habrá que ver si la promesa de Rousseff se cumple, y en qué
plazo, porque la Argentina está más urgida que nunca en materia de
inversiones.
El gigante minero decidió retirarse del país no por un
capricho: los costos casi se le triplicaron en pocos meses y ante
esa realidad hasta el mejor de los planes derrapa.
El costo empresario es una de las cuestiones que desvelan al
sector privado en estos días de turbulencias económicas que
parecen ir para largo.
En el mundillo económico el tema tiene ya acuñada una frase
para describir lo que ocurre con el gobierno: hablan de "mala
praxis" por parte de los equipos que deberían estar manejando la
economía.
La frase "me quiero ir", balbuceada por el ministro Hernán
Lorenzino porque le habían preguntado por la inflación, tal vez
refleje la desorientación que por estas horas domina a quienes
deben decidir sobre la economía.
Lorenzino no maneja casi resorte alguno de la política
económica, y por eso buscó evitar hablar ante la periodista griega
de un tema en el cual tiene cero injerencia: la lucha contra la
inflación.
Ese es terreno casi exclusivo del secretario Guillermo Moreno,
aunque el funcionario casi no tiene limitaciones para inmiscuirse
en cuanto tema desee -hasta ahora con más derrotas que triunfos-,
a pesar de lo cual sigue manteniendo la plena confianza de la
presidenta Cristina Fernández, quien adora su estilo.
La política cambiaria también abre un interrogante sobre hasta
dónde la jefa del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, maneja lo que
ocurre en el mercado de divisas.
El Banco Central decidió no venderle más dólares a precio
oficial a quienes querían ahorrar en divisas, y en las últimas
semanas sumó sanciones a casas de cambio con presiones de la AFIP,
que potenciaron un escenario de dólar paralelo rumbo a los 10
pesos.
En ese cuadro, Marcó del Pont hace malabarismos para disimular
que la sangría de divisas continúa a pasos agigantados: ya está
quedando por debajo de los 39.700 millones de dólares.
En 2010 las reservas del Central representaban 16% del Producto
Bruto Interno mientras que hoy llegan a apenas el 8%.
En el año las reservas del Central cayeron en 3.500 millones de
dólares mientras que para esta altura en el 2012 se habían perdido
1.500 millones.
El objetivo de la política cambiaria de la Casa Rosada parece
apuntar a hacer desaparecer el dólar, literalmente, porque quien
lo tiene no lo vende, en un fenómeno similar al que que ocurre
desde hace años en Venezuela.
Sería así una pesificación de facto, por la cual quienes
apostaron a la divisa norteamericana hace un año obtuvieron
ganancias que superan el 80 por ciento.
Mientras tanto, quienes hicieron caso a la sugerencia de la Presidenta de que "el que apostaba al dólar" perdería, se
quedaron, otra vez, sin escalera y con el pincel en la mano.