Gobierne quien gobierne, los precios en la Argentina resultan indomables desde hace largo tiempo tanto para los ministros de economía como para los presidentes de la Nación o del Banco Central. Las inconsistencias de la macroeconomía y la incapacidad de quienes asumen responsabilidades de conducción, ya sea para generar políticas públicas que se transformen en soluciones para los problemas de la gente o para construir consensos que permitan generar un modelo de crecimiento sostenido que mejore la calidad de vida de los argentinos.

Pero el país en el que vivimos, que es algo así como el reino de la improvisación, sufre por el alza de precios que afecta el poder adquisitivo del salario. Y mucho más este año tan raro que aún estamos transitando, en el que las distintas herramientas ideadas por los funcionarios se desempeñaron como siempre: mal. Los programas como Precios Cuidados o Precios Máximos constituyen intentos fallidos por morigerar el proceso inflacionario. Los controles de precios que dice el Gobierno que hace en supermercados, autoservicios y otros negocios del rubro tampoco general resultados favorables. Los consumidores advierten que algunos precios no suben, pero los fabricantes achican el envase de sus productos lo que solapa la inflación.

En los últimos meses se observa una aceleración de los aumentos de precios que, definitivamente, reducen las políticas gubernamentales para luchar contra la inflación en un simple relato de ciencia ficción. No hay interpretación engañosa que pueda tapar el sol de la inflación con las manos. Encima el 2021 electoral no favorece la realización de cambios profundos en la matriz económica porque eso significaría disminuir el gasto público, lo cual no es posible en la concepción de la política en general y del kirchnerismo en particular. El Gobierno nacional necesita una victoria en los comicios de medio término para darle algo de sustancia a la gestión, que en este 2020 solo sufrió dolores de cabeza por la pandemia sanitaria y económica.

Uno de los fracasos anunciados en materia de gestión económica está vinculado al plan para vender cortes de carnes de asado a un precio inferior al que usualmente se comercializa en las carnicerías. En lo que va de diciembre, el asado de primera calidad pasó de 450 pesos a más de 600, con subas de entre 20 y 30 por ciento. Esta situación decidió al Gobierno a confeccionar un programa de apuro para que grandes supermercados y frigoríficos pueda establecer precios subsidiados en tres cortes. Esta iniciativa comenzó el sábado pasado y se extenderá hasta el último día del año con el objetivo de aliviar la canasta de las fiestas, aunque en realidad es muy difícil sino imposible quedarse con un asadito a precios módicos. A esta altura la carne barata solo parece un cuento chino, una mentira disfrazada.

El acuerdo con los frigoríficos y carnicerías nucleados en el Consorcio de Exportadores ABC, que abastece a supermercados y carnicerías con más de 1.600 bocas de venta, implica proveer 1.300 toneladas de carne vacuna de exportación para el consumo de los hogares argentinos. En paralelo, el Gobierno comenzó a trabajar con los actores del sector para alcanzar un acuerdo integral y estructural respecto del precio de la carne para 2021.

El acuerdo por los cortes de carne parrilleros se suma a la reciente puesta en marcha de la canasta navideña a un precio de $250, que incluye sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón. Ahora bien, estimado lector, usted en Rafaela encontró los productos que el Gobierno puso a disposición de los consumidores? Otro cuento chino.

En este escenario, el Gobierno nacional actual ya comete los mismos errores que sus antecesores kirchneristas cuando no puede contener los precios pero congela las tarifas que alienta la desinversión y que deriva, con el tiempo, en pésimos servicios. Distorsiones que cuestan muy caras solo porque se busca ganar elecciones. Si hasta hace un mes se admitía el giro a favor de la racionalidad económica y se aceptaba, en privado pero no en público, que se debían ajustar ciertas variables, en estos días todo quedó en el olvido. La supervivencia política obliga a congelar cuadros tarifarios y mejorar la capacidad de compra del ingreso de los trabajadores, que sienten que este año perdieron por goleada con la inflación.

La semana pasada, el Gobierno nacional anunció que avanzará con las provincias y los municipios en la implementación y la fiscalización de la Ley de Góndolas recientemente reglamentada como también otros programas que buscan asegurar el acceso del consumidor a una mayor variedad de productos y a mejores precios. La Ley de Góndolas tiene el objetivo de diversificar la oferta de productos de consumo masivo, incrementar la participación de pymes y llevar los precios a la baja en los supermercados. ¿Logrará cumplir sus metas o tendrá los mismos resultados que Precios Máximos o Precios Cuidados?