Con la inflación del 2014 definida, eso sí con dos índices, el del gobierno - INDEC que la sitúa en el 23,9 por ciento y el de las consultoras privadas que se difunde en el Congreso que llegó al 38,5 por ciento, en poco tiempo más comenzarán las paritarias que tendrán como principal objetivo acordar los aumentos de salarios para este 2015 signado por las elecciones y el cimbronazo político que significó la muerte del fiscal de la causa AMIA, Natalio Alberto Nisman.

La pregunta es, entonces, ¿qué índice se tomará como referencia para encarrilar el diálogo entre gremios y patronales? Para no alentar aún más las expectativas inflacionarias, el Gobierno nacional sugirió que el piso de los incrementos de sueldos deberían girar en torno al 24 por ciento. Sin embargo, en las últimas semanas los gremios del transporte, de la carne y de municipales de la provincia de Buenos Aires exigieron una recomposición salarial del 35 por ciento, un porcentaje más cercano a la inflación que miden las consultoras privadas que el propio INDEC. Incluso, en diciembre pasado el líder gremial de los colectiveros, Roberto Fernández, había reclamado un aumento salarial del 50 por ciento para el sector, lo que provocó el fuerte rechazo de los empresarios y del propio Gobierno.

El Frente Gremial de docentes bonaerenses ya oficializó su pretensión de lograr una mejora del salario del 40 por ciento cuando se siente a negociar con el gobierno de Daniel Scioli, en febrero próximo. Hay que tener en cuenta que el Sindicato de los Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, la única paritaria de 2015 que se firmó hasta el momento, cerró un aumento del 38 por ciento en dos cuotas. 

Y como Scioli, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota o el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, aspiran a que ningún conflicto altere el rumbo de sus campañas electorales como candidatos a presidente. Lo mismo sucederá en la provincia de Santa Fe, donde las elecciones se realizarán en abril (las primarias) y en junio (las generales). Por tanto, ni el Gobernador ni los intendentes o presidentes comunales querrán soportar paros de estatales, docentes o empleados municipales, por lo que serán más permeables a los reclamos salariales. 

El ministro de Economía, Axel Kicillof, había sugerido que los acuerdos salariales “dependen de cómo le va al sector” productivo específico, dando a entender que las negociaciones dependen de la realidad de cada uno de los segmentos productivos. Desde el Gobierno buscan que los gremios no se despachen con cifras “desmesuradas”, que alimenten más la inflación que, según el presupuesto de este año está calculada en un 15,6%. En estos días, el secretario de Comercio, Augusto Costa, ratificó que espera una inflación anual del orden del 15%, aunque proyecciones de consultoras privadas estiman que los aumentos de precios otra vez escalarían hasta el 30%. 

El líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, que siempre puso como punto de referencia los "precios del supermercado" para definir el alcance de sus reclamos salariales, el año pasado lanzó el Observatorio de datos económicos y sociales de la CGT Azopardo, que midió una inflación anual del 35,06% en el 2014, un 11,16% más que la registrada por el INDEC. Por tanto, ese es el piso que piensa manejar el jefe de los camioneros para pedir las subas salariales.

Y una vez que comiencen a implementarse los aumentos salariales, se renovarán los reclamos para que el Gobierno nacional suba el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, un permanente foco de conflicto. A fines del año pasado, la administración kirchnerista apenas aceptó eximir de este tributo el medio aguinaldo. 

Sobre el comportamiento del mercado laboral en 2014, la consultora Tendencias Económicas consignó que en ese período se incrementaron los despidos un 85 por ciento, los paros 87% y las suspensiones 638 por ciento. Según las mediciones difundidas, el aumento en la conflictividad laboral se debió a que 2014 fue un año recesivo y con creciente inflación.

En este contexto, el incremento de los paros, de acuerdo con la consultora, se debió a los reclamos de aumentos salariales y los despidos se basaron en la reducción de la producción, pronunciado descenso en las ventas y alzas en los costos empresarios. En tal sentido, las suspensiones lideraron la conflictividad por reducción de la producción y faltas de insumos por trabas a la importación lo que hizo que llegaran al 638 por ciento en toda la industria, pero con énfasis en el sector automotriz.

Sin embargo, en diciembre, los despidos se redujeron a un 60% interanual mientras los paros descendieron 66% y los que hubo se registraron en el sector público, en las administraciones provinciales y en organismos como la AFIP, Anses, Salud, bancos, docentes y Senasa.