"La campaña nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito" difundió un comunicado de prensa que a continuación se transcribe:

A través de un comunicado difundido por el Conders Entre Ríos supimos que: “A la mujer a la cual le impidieron el aborto terapéutico a las 19 semanas en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, y que fue derivada al Hospital Posadas el 14 de agosto, por su cardiopatía congénita no corregida, a 7 días de su cesárea, ha sido internada en terapia intensiva porque el día 02/12/11 sufrió un ACV (accidente cerebro vascular) isquémico lo cual le ha producido una parálisis de brazo y pierna izquierda. Se espera una nueva tomografía que confirme la extensión del daño”. Esta situación nos indigna profundamente.

Recordemos que el 4 de agosto de este año, un ateneo interdisciplinario realizado en el Hospital San Roque de Paraná, acordó la realización del aborto terapéutico, permitido por el Artículo 86 del Código Penal, con el consentimiento de la mujer, a la que conocemos como MG.

Esta práctica era necesaria dada su cardiopatía y había sido pedida por ella. Sin embargo, no se llevó a cabo debido a la irrupción en la sala pre-quirúrgica de un médico conocido por su accionar anti-derechos. La cruzada logró su cometido: impedir la práctica del aborto. El bebé nació con idéntica malformación que su madre. Lo que provocó la negativa del derecho conculcado es un agravamiento para la vida y salud de MG, quien desde agosto permanece internada en un hospital de alta complejidad a 500 kilómetros de su lugar de residencia, lejos de su familia. MG, empobrecida económicamente y por tanto portadora de una serie de vulnerabilidades extras, tiene también un hijo adolescente.

El derecho a la vida está en correlación con otros como la igualdad, dignidad, justicia, autonomía y libertad. Cuando se realza uno solo, estamos frente una operación política e ideológica. Un discurso que quiere presentarse desde la neutralidad, un nuevo supuesto totalitario: la sacralización de la vida. En realidad lo que intenta es poner en valor absoluto la vida en gestación, para subvalorar, desconocer y hasta despreciar la vida de las mujeres. El resultado concreto es una nueva operación del patriarcado para controlar la vida y vulnerar el derecho a decidir de las mujeres.

Asistimos en este caso de abuso de poder y maltrato institucional.

Negar el aborto no punible es un grave delito y se convierte -como en este caso- en un voto de tortura y de muerte para las mujeres, a quienes se les exigen sacrificios extremos e inmaculados, sin importar las consecuencias para ellas ni para sus seres queridos. Desde las cruzadas anti-derechos se llama insistentemente a violar los derechos humanos de las humanas. Lo más grave es que desde las instituciones del Estado, en particular desde el Ministerio Provincial y Nacional de Salud, se consolide la desprotección extrema por acción u omisión y se violen normativas vigentes en Argentina referidas a la protección de derechos de las mujeres, como es la Ley Nacional 26.485.

La situación de MG y su familia significa una verdadera vergüenza institucional, pone de manifiesto de modo paradigmático la inaccesibilidad al aborto no punible y la discrecionalidad ilegal y anti-laica con la que se mueven actores del sistema público de salud, muy distantes de su función de proteger la salud e incurriendo en grave iatrogenia. También muestra los efectos perversos de la pobreza y la falta de recursos para el acceso real a los derechos sexuales y reproductivos.