La norma solicita (art. 1) que se “declare la Emergencia en materia de Seguridad Vial en la ciudad de Rafaela, durante el período de un año desde la sanción de la presente, el cual quedará prorrogado automáticamente por otro período de tiempo de igual duración, excepto disposición legal en contrario, emanada de este cuerpo legislativo”.
A tal fin, se autoriza (art. 2) al Gobierno municipal “a contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad, mientras dure esta emergencia”.
Previa a la parte Resolutiva, en los Considerandos se indica que “resulta indispensable incrementar la disponibilidad y optimización urgente de recursos humanos, legales, financieros, tecnológicos y el funcionamiento eficaz de la institucionalidad vigente, a los fines de dar respuestas a la demanda social”.
Estos tres puntos son los que hicieron ruido en los bloques opositores y antes de avanzar con el análisis del proyecto pidieron la presencia en el Cuerpo del secretario de Gobierno, Jorge Muriel.
De todas maneras, en el último tiempo la oposición se ha mostrado reticente a aprobar esquemas de emergencia y se lo ratificaron al propio Muriel cuando el pasado 10 de enero se reunió con los ediles para informarlos de las conclusiones que arrojó el primer trabajo del Observatorio Vial de la ciudad y les adelantó que el Ejecutivo iba a remitirles el Proyecto de Emergencia en Seguridad Vial.
La respuesta de la oposición fue clara y contundente: “la idea es ir saliendo de los esquemas de emergencia y de ahora en adelante se irá, como siempre se lo hizo, habilitando excepciones para la compra directa, analizando caso por caso, pero sin cheques en blanco”.

PLAZOS, SERVICIOS
Y MAS AGENTES
En la víspera, el funcionario volvió a verse con los Concejales y de entrada recalcó que “el espíritu del proyecto no es tratar de evadir ningún tipo de control sino que hay una situación económica, que incluso se agravó después que hablamos la última vez, que tiene que ver con la compra de los insumos fundamentalmente”.
“Necesitamos -continuó- las herramientas para controlar el tema del tránsito, un tema que muy a pesar de las políticas que se vienen manteniendo en el tiempo como por ejemplo el uso del casco que creció desde 2012 hasta ahora en 8 puntos. Sabemos que no alcanza, hace necesario que contemos con más herramientas y se rendirán todas las cuentas que hagan falta”.
Lisandro Mársico (PDP), abrió el debate y cuestionó la prórroga automática de la Emergencia y reclamó para el Concejo esa facultad. “Nosotros estamos en guardia permanente y cuando haya que prolongarla, lo haremos por el tiempo que sea necesario. Hablo en primera persona, después voy a definir mi voto”, sostuvo el edil, pero Muriel lo tranquilizó al señalar que “el plazo no es relevante, lo importante es la herramienta. Ustedes van a poner el plazo”.
El otro punto que atacó el demócrata progresista fue el del ítem servicios y requirió saber si las contrataciones de personal se llevarán a cabo a través de contratos o monotributos y qué mecanismo de control tendrá el Concejo para su seguimiento. Al respecto, el funcionario le aclaró que el concepto “servicios” está vinculado al pago de adicionales de la policía, un factor clave para llevar adelante los controles ante la agresividad que muestran algunos conductores; el alquiler de planchadas para el transporte de los vehículos secuestrados y la reparación de vehículos, entre otros ítems”.
Con relación al personal explicó que se apunta “a pasar algunos contratos (se habla de 20) a planta permanente para poder liberar la misma cantidad de cupos porque estamos muy justos”.
Después, el pedepista quiso saber si la GUR está habilitada para cobrar multas y si se podría volcar algún personal para reducir el número de nuevas contrataciones y el Secretario respondió afirmativamente y reveló: “lo estamos coordinando con Maximiliano Postovit (titular del área de Seguridad), pero no sobra capital humano para desafectar del tema Seguridad”.

PRECIOS, SOLO
POR 7 DIAS
Fue entonces que la radical Alejandra Sagardoy: pidió que “la Ordenanza sea más clara con relación a los elementos que se necesitan cuando se habla de servicios, porque es muy general y queremos saber qué es lo que vamos a estar votando” y Muriel le respondió que no había inconvenientes en “establecer cuáles son los elementos que necesitamos puntualmente”. Enseguida detalló que se trata de: “impresoras, porque el labrado de actas ya no se hace manualmente sino que el agente vuelca los datos (es una especie de postnet) y saca el ticket que entrega al infractor, son importadas y tienen valor en dólares; alcoholímetros, que también se compra a moneda norteamericana; los teléfonos celulares inteligentes, porque los que tenemos hoy tienen 10 años de antigüedad y debemos actualizarlos con las nuevas tecnologías; también estamos viendo la posibilidad de poner cámaras para fotomultas en algunas esquinas conflictivas de la ciudad, que se conectarán al Centro de Monitoreo. Hoy, ninguna de estas cosas resiste los tiempos de una licitación que lleva, como mínimo, 70 días. Estas operaciones se tienen que hacer de contado porque nadie mantiene los precios más de 7 días. Por esto es que estamos pidiendo una Emergencia en Seguridad Vial, que nos dé agilidad en las acciones que estamos trabajando”.
Ante la consulta de Leonardo Viotti (Juntos por el Cambio) si su Secretaría cuenta con presupuesto para encarar lo planificado, el funcionario fue contundente: “no hay presupuesto para eso voy a necesitar movimiento de partidas”, situación que obligará a una Ordenanza específica que debe llegar desde la Secretaría de Hacienda y podría demorar la entrada en vigencia de la Emergencia.
Casi en el epílogo del encuentro, Ceferino Mondino indicó que la Ordenanza es una herramienta administrativa, pero no ve un “método” que se esté poniendo en práctica para mejorar los índices de inseguridad vial y comprobar los resultados y todo derivó a un intercambio cargado de política y con algunos pases de factura, que se desviaron del tema central.
Finalmente, Muriel quedó en enviar las modificaciones pedidas para que el lunes se pueda comenzar a tratar en Comisión el proyecto de Ordenanza.