La agenda de género tanto en la Argentina como en los países de la región refleja marcadas similitudes, con la violencia como problemática principal y la falta de paridad en el trabajo, en las instituciones y los espacios de toma de decisión entre otros. Pero en estos tiempos de crisis profunda también se hacen más visibles otros obstáculos, como las cuestiones ligadas a la pobreza que va en franco aumento en este 2020 cuando las medidas que adoptan los gobiernos en su intento por reducir la velocidad de contagio del coronavirus impactan en la actividad económica. Dos informes actuales respaldan con datos esta situación de precariedad que afecta al universo de las mujeres. 

El primero advierte que la tasa de pobreza de las mujeres aumentará este año a 37,4% en América Latina y el Caribe -un 22% más que en 2019- como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, lo que representa un total de 118 millones. Así lo reflejó un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres.

Según el documento"Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19. Hacia Sistemas Integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación", el desempleo femenino aumentará un 6% llegando a un total del 15,2% de las mujeres latinoamericanas, informó el sitio de noticias de la ONU. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, resaltó en la presentación del reporte que, además, la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, lo que representa un gran obstáculo para su autonomía. En la región, las mujeres dedican más del triple del tiempo a este tipo de cuidados que los hombres, señaló.

En la Argentina, la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre el 23,4% de las mujeres, mientras que en los hombres llega al 9,3%; en Chile al 24,7%; en Colombia al 17,9%; en Brasil al 11,6%; en Uruguay al 19.9%; y en México al 23,7%. La Cepal propone reconocer y valorar la economía del cuidado y del trabajo doméstico con servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida de los hogares, la familia, pero sobre todo el Estado.

El estudio propone reforzar el financiamiento de políticas para las mujeres durante la pandemia, invertir en la economía del cuidado, redistribuir las responsabilidades de cuidado, y expandir la cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar que los derechos de todas las mujeres, incluidas aquellas que son parte de minorías, sean respetados.

El segundo informe señala que la mitad de las 16.800 mujeres en situación de violencia de género mayores de 14 años que atendió desde 2018 la oficina especializada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación soportó maltratos por 6 años. El estudio de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que preside Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta del máximo tribunal, reveló que el tiempo promedio de maltrato "casi alcanzaba" los 6 años.

El dato surgió del análisis de la situación de las 16.800 mujeres afectadas que concurrieron en 2018, 2019 y el primer semestre de 2020 a la oficina. Además, constató que la frecuencia de los episodios fue diaria/semanal en el 66% de los casos y que el 56 % de los denunciados tenía antecedentes de violencia con parejas anteriores. También que 5.464 mujeres fueron amenazadas de muerte por el violento. En relación a las edades, el relevamiento determinó que 6 de cada 10 afectadas tenían entre 22 y 39 años, y que las mujeres que denunciaron a su pareja o expareja tenían un vínculo promedio de casi 9 años con el agresor y la violencia se remontaba a alrededor de 6 años atrás.

La violencia deja "secuelas en la salud psicoemocional y física" de las mujeres y "a mayor tiempo de exposición a la violencia se agudizaría dicho padecimiento y, en consecuencia, la vulneración de sus derechos", analizó el equipo de profesionales de la OVD. Asimismo, de la observación de los casos resulta que en ocasiones se verifica el entrampamiento vincular de las personas afectadas en lo que se denomina el ciclo y espiral de la violencia, que produce un deterioro sistemático y dificultades tanto para la efectivización de la denuncia así como para sostener las medidas de protección requeridas y/o la decisión de finalizar la relación, concluyó el informe.

Por último, indicó que en los últimos dos años y medio ingresaron al refugio que depende del gobierno porteño 165 mujeres y la oficina gestionó la entrega de 1093 dispositivos antipánicos.