En los últimos años, en la Argentina se ha instalado con relativa potencia la necesidad de avanzar en lo que se denomina la modernización del Estado, un concepto más bien vinculado a las nuevas tecnologías que permiten agilizar los trámites que los ciudadanos y las empresas deben efectuar ante la ventanilla de cualquier nivel de un gobierno, sea municipal, provincial o nacional. Aprovechar las bondades que ofrecen hoy los sistemas para a través de internet cumplir con las mismas tareas sin abandonar la oficina, el hogar, la fábrica o incluso el campo. 

Pero dar pasos hacia la digitalización requiere un proceso de planificación e inversión -por tanto asignación de recursos en el presupuesto- no solo para adquirir nuevos equipamientos tecnológicos sino también para preparar al personal para adaptarse al cambio y administrar de otra forma la información suministrada por contribuyentes, ciudadanos o usuarios. Al mismo tiempo es preciso desarrollar planes de comunicación y capacitación para modificar la cultura de ambos lados del mostrador, es decir del empleado público y del vecino. Porque convengamos que los jóvenes millenials o centenials naturalizan a posibilidad de hacer todo desde su computadora, pero a los adultos mayores hay que darles herramientas claras para que se adapten a las nuevas formas de hacer las cosas.

Los cajeros automáticos fueron una suerte de avanzada que nos obligó a incorporar herramientas de autogestión en las sucursales bancarias. Ahora no solo los bancos proponen sistemas de autogestión -como el ya célebre homebanking- sino que se han sumado organismos públicos de alta vinculación con la sociedad, como la AFIP o la ANSES. En el primer caso, incluso pone a disposición plataformas para que los monotributistas y otros contribuyentes puedan facturar en forma electrónica. 

La decisión política de iniciar o profundizar según el caso un proceso de modernización del Estado es otro componente necesario en tiempos donde la tecnología atraviesa toda nuestra vida, desde como nos despertamos con la alarma del celular, hasta como nos entretenemos, trabajamos y nos comunicamos siempre con el mismo aparato. El mundo en nuestras manos es un eslogan de la industria de las comunicaciones que define perfectamente la era en la que estamos inmersos. 

A propósito de este tema, el Observatorio Vodafone de la Empresa que se lleva a cabo en España permite dar cuenta de su estado en ese país. Mediante su Estudio de Digitalización señala, en el capítulo dedicado a administraciones públicas, que se registra un nivel avanzado de digitalización, no solo de sus sistemas operativos, sino por la involucramiento y especialización del personal administrativo, clave en el desarrollo de esta transformación. La Administración es plenamente consciente de cuáles son sus necesidades actuales y conoce la importancia que tiene seguir avanzando en este proceso, destaca.

En los últimos cuarenta años, casi todas esas empresas se han privatizado, pero el Sector Público no ha perdido importancia, más bien al contrario: España tiene tres niveles de Administración Pública que emplea a 3,5 millones de personas directa e indirectamente: estatal, regional (Comunidad Autónoma) y local (Ayuntamientos). En total, España tiene más de 25.000 organismos públicos en la estructura del país, con fuerte impacto económico y empresarial. En los años de crisis su papel ha sido fundamental.

En 2012 y 2013, el impulso de la Administración Electrónica supuso un ahorro de más de 30.000 millones de euros lo que contribuyó a la consecución de los objetivos de déficit público establecidos en el Plan de Estabilidad. Entre los planes impulsados desde el Sector Público, destaca la creación de la Agenda Digital en diciembre de 2012, que ha desarrollado un plan para “tecnologizar” la sociedad, la economía y la empresa española, mediante el uso más intensivo de las nuevas Tecnologías de la Información en todos y cada uno de los ámbitos del país.

De acuerdo al estudio, uno de cada tres organismos españoles declara tener grandes planes de digitalización para los próximos años, especialmente la Administración Central y la Seguridad Social. Sin embargo, tan solo el 49% tiene asignado presupuesto para ello, el ratio más bajo respecto al resto de grupos analizados por El Observatorio.

Asimismo, un 93% de las instituciones declara que la tecnología es importante para su funcionamiento. La mayoría de las administraciones coinciden en que el beneficio principal de la digitalización reside en la mejora de la gestión de su organización, así como la accesibilidad a información relevante de manera ágil para poder tomar decisiones. En tanto, las instituciones públicas se “autoperciben” como digitales. Prueba de ello es que siete de cada diez consideran su grado de digitalización entre intermedio y avanzado. A este grupo se suma otro 6% que afirma tener grandes planes al respecto. Apenas un 2% declara que no ha empezado todavía y un 19% considera encontrarse en un nivel básico.

Esta muestra de la radiografía del proceso de digitalización en España es un espejo en el que reflejar la situación de la Argentina, que si bien ha logrado avances aún debe recorrer un largo trecho.