AYOTZINAPA, 9 (AFP-NA). - México amaneció ayer horrorizado por la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos confesada por presuntos narcotraficantes detenidos, una revelación que los padres de las víctimas se niegan a creer hasta que haya pruebas y que muchos esperan que genere una gran reacción social.

Tras casi un mes y medio sin noticias claras sobre los chicos, la fiscalía general mexicana compartió el viernes la escalofriante declaración de tres sicarios del cártel Guerreros Unidos que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos durante 14 horas para luego arrojar sus restos calcinados a un río.

Hasta ahora, la fiscalía sólo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), cuando policías locales atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa que recaudaban fondos en la ciudad por orden del ahora exalcalde detenido, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa.

En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que según confesiones de otros detenidos habrían sido entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.

El crimen, que ha sido calificado por Human Rights Watch (HRW) como uno de los "más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina", ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012 y ha generado masivas protestas por todo el país que podrían aumentar a raíz de la brutal nueva confesión.

La noche del viernes, unas 300 personas se concentraron con velas en la emblemática plaza capitalina del Angel de la Independencia y luego se desplazaron a la sede de la fiscalía, donde pintaron en la fachada: "#YaMeCanséDelMiedo".

Más de 80.000 personas han sido asesinadas en México y otras 22.000 han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006.

LOS PADRES NO BAJARAN LA GUARDIA

Por el momento, los agotados padres de los estudiantes son los primeros en prometer no "bajar la guardia" ante el nuevo giro en las investigaciones al que no dan crédito.

"Parece que el gobierno federal, con una gran irresponsabilidad, le interesa que esto se vaya cerrando porque todo es en base a testimonios, no hay nada certero", dijo a la AFP Meliton Ortega, tío de un desaparecido.

Asegurando que sólo creerán la versión entregada por los sicarios si estos restos son verificados por un peritaje independiente de forenses argentinos, Ortega advierte: "Se quiere decir que aquí se acabó todo, pero nosotros estamos cada día más fuertes a pesar de la tortura y seguiremos incrementando el nivel de movilizaciones".