En la Argentina de este tiempo hay unos 18 millones de personas que conforman el mercado laboral, del cual un 70% está integrado por quienes tienen empleos formales y subocupados, en tanto que el 30% restante se desempeña en la informalidad, es decir, sin estar registrado. Lo realmente curioso es que dentro de los asalariados es el sector público el que cuenta con una importante participación, ya que el empleo privado se encuentra estancado desde 2012, y en el último año en retroceso, lo que empeora aún más la situación.
La fuerza laboral en su totalidad está compuesta por 6,1 millones de trabajadores privados formales, 3,4 millones de empleados públicos, 1,5 millón de monotributistas y medio millón de autónomos formales; debe agregarse 4,5 millones de personas que trabajan en negro, más 1,5 millón de desocupados, llegándose de tal manera a los 18 millones referidos al comienzo de la nota.
De acuerdo con datos del propio Ministerio de Trabajo, el último año el nivel de trabajo formal -en blanco- estuvo en el orden de 9,6 millones de personas, con una baja interanual de 90.000 empleos, mientras que en cambio en el mismo lapso el sector público creció 80.000 puestos laborales. Fueron los municipios los que tuvieron la mayor cantidad de nuevas incorporaciones de personal con 14.000 empleos.
El sector público cuenta según la última estadística 3.458.448 agentes, incluyendo poder judicial, poder legislativo y docentes, correspondiendo 739.097 al ámbito nacional, 2.227.662 al provincial y 441.689 al municipal.
En cuanto a la baja del empleo privado tiene explicación en su mayor parte por la recesión que nos viene afectando desde hace tanto tiempo, situación que se fue profundizando en los últimos meses, siendo los más afectados la construcción con una retracción de 62.000 empleos, industria manufacturera con menos 35.000, actividad inmobiliaria y actividades empresarias con menos 12.000, y agricultura y ganadería 7.000. En cambio experimentaron una suba comercio con 9.600 empleos, servicios sociales y salud 9.500 y educación con 6.800 nuevos empleos.
La revisión de mercado laboral ofrece datos llamativos, como por caso que el sector formal no generó puestos en consonancia con el ingreso de nuevos actores a la población económicamente activa, pero en cambio las fuentes de trabajo en negro -4 de cada 10 trabajadores- no sólo se mantuvieron sino que tuvieron subas, multiplicándose además los casos de fraude laboral merced a la contratación de monotributistas en desmedro de su incorporación a los planteles permanentes.
Según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, uno de los más confiables en sus estadísticas durante la larga ausencia del INDEC por decisión del kirchnerismo para ocultar pobreza, inflación, desocupación y algunos otros ítems de fuerte impacto social, dice que apenas el 43% de la población económicamente activa -7,3 millones sobre un total de 17 millones-, tiene un empleo pleno, en tanto que el restante 57% se encuentra afectado de alguna manera por la precariedad laboral, o directamente por el desempleo. El mismo estudio da cuenta que en el lapso 2010-2015 fue positivo sólo en la baja del desempleo abierto ya que sólo 4 de cada 10 trabajadores activos mantuvieron un empleo de calidad, 3 de cada 10 resignaron a pasar a un empleo precario, lo que hizo que el gobierno incrementara la cantidad de personal, y además con avance de la inestabilidad.
Aquellas actividades de bajas remuneraciones o de fuerte inestabilidad, así como beneficiarios de políticas de empleo que realizan alguna clase de contraprestación laboral, pasaron de representar el 9,2% en 2010 al 15,6% en 2015, quedando muy claro que la desigualdad en la distribución del ingreso continuó creciendo, en este caso durante el gobierno anterior.
Pasando a los ingresos familiares que estuvieron en caída fue directa consecuencia del deterioro del salario real de los jefes de familia, impactando la reducción de horas extra, suspensiones y aceleración de la inflación, una combinación de factores realmente explosivo.