Consagrada como una de las bases de las democracias modernas, la libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales de toda nación y por eso se deben efectuar todos los esfuerzos por proteger la posibilidad del libre decir. Sin embargo, en la actualidad de la Argentina se advierte un retroceso debido a las tensiones que se generaron entre el Estado y un grupo de medios de comunicación, en el marco de un escenario donde irrumpió y se consolidó la categoría "periodismo militante", que define a la prensa escrita, televisiva, radiofónica o digital que está alineada con el partido de gobierno.  

El fin de semana pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió las Conclusiones de su 70ª Asamblea General, que se celebró en Chile del 17 al 21 de octubre último, tras la revisión del comportamiento de la libertad de prensa en las Américas en el último semestre. En el texto alerta que "la libertad de expresión y de prensa en el hemisferio enfrentó un marcado deterioro en los últimos seis meses debido a un significativo incremento de la censura directa e indirecta y los ataques físicos a periodistas".

Al abordar la situación en nuestro país, señala que "en Argentina se clonó la versión impresa del diario Clarín y, en México, las versiones impresa y digital de una revista, mientras que en Venezuela sectores oficiales y grupos criminales usaron a Facebook y Twitter para atacar a medios y periodistas". Además, puntualiza que "en Argentina también se usaron las redes sociales y medios propiedad del Estado con este propósito".

El contexto de permanente confrontación que se promueve desde el Gobierno argentino, y las agresiones a los medios fueron denunciadas en la Asamblea. "En Argentina, Nicaragua y Venezuela, la corrupción por parte del Estado se ha visto reflejada en el abuso de la propaganda estatal y en la distribución discriminatoria de la publicidad oficial en sus distintos niveles. La concentración de medios gubernamentales se vio agravada en Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela", subraya la entidad en las conclusiones.

La falta de criterios objetivos para adjudicar la publicidad oficial representa un método coercitivo con el cual el Estado premia a la prensa amiga y castiga a aquella que cuestiona el poder, generando una puja que se agrava en escenarios como el actual, donde los problemas superan claramente a las soluciones. 

El reporte expresa que "en Haití, Chile y Colombia varias leyes tienen dispositivos por los que el gobierno y órganos de control pueden entrometerse en contenidos y criterios editoriales" y que lo mismo "sucede en Argentina con la aplicación discriminatoria de la Ley de Servicios Audiovisuales contra el grupo Clarín, y en Bolivia donde el gobierno amenaza con la sanción de una ley de comunicación". Lamenta que "la falta de transparencia y el acceso a la información pública sigue como un escollo para el libre ejercicio del periodismo en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, y República Dominicana".

Con sede en la ciudad estadounidense de Miami, la SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas y está conformada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental. 

No sólo el documento final pone de relieve lo que sucede en la Argentina sino también otros países de la región. "Periodistas en casi todos los países de la región sufrieron agresiones físicas, particularmente en Venezuela donde las fuerzas policiales y grupos parapoliciales a órdenes del gobierno han dejado un saldo de varios periodistas heridos. Se registraron además agresiones físicas a periodistas durante la cobertura de procesos electorales en Bolivia, Brasil y Perú, así como durante las protestas sociales en la ciudad de Ferguson, Estados Unidos; São Paulo y Río de Janeiro, Brasil", advierte. 

En este sentido, sostiene que "la censura a los medios dentro de procesos electorales fue evidente en Brasil donde el Poder Judicial aceptó 138 pedidos para que los medios retiren contenidos", una acción que reiteró "en Bolivia donde la oposición vio limitada la propaganda política 30 días antes de los comicios, a la vez que el presidente Evo Morales no sufrió limitaciones". Agrega que "la censura afectó también a los medios de Ecuador mediante un fallo de la Corte Constitucional que ratificó lo establecido en la Ley de Comunicación convirtiendo a la labor periodística en un servicio público. Como parte de esta burda censura, un órgano de control de contenidos sancionó a 25 medios y cuatro periódicos debieron dejar de publicar".

Otra forma de incidir en la libertad de expresión y en la libertad de empresa es lo que acontece en Venezuela, país en el que "el gobierno del Presidente Nicolás Maduro continua negando divisas para la compra de insumos para los medios impresos", lo que ha provocado que "más de 30 periódicos están afectados por la falta de papel y otros 12 ya dejaron de publicarse".